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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció este viernes un operativo policial “ilegal” y “sin orden judicial” frente a su casa en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras ser condenada por cargos de corrupción que la defensa considera un típico caso de lawfare o guerra jurídica para sacarla del juego político.
Fernández, principal líder opositora y dos veces presidenta, acusó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de “provocar conflictos” y de utilizar el despliegue de fuerzas de seguridad como una maniobra política para distraer la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país.
“Hoy durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal [la ministra de Seguridad] Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, escribió Fernández en sus redes sociales.
“Esta mujer, realmente nefasta y capaz de cualquier cosa (su historial así lo demuestra), solo busca generar caos para tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al gobierno de turno que integra, para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro pueblo”, agregó en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó reacciones en la escena política argentina.
Tensión en el barrio Constitución
El operativo policial incluyó la instalación de vallas y la presencia de varias camionetas de la Policía Federal frente al domicilio de la exmandataria, ubicado en el barrio porteño de Constitución, a pocos minutos del Congreso Nacional.
La medida fue interpretada por Fernández y sus seguidores como una provocación, especialmente en el contexto de una serie de movilizaciones convocadas en apoyo a la exmandataria.
Desde el martes, cuando Fernández comenzó a cumplir su arresto domiciliario tras la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, su domicilio se ha convertido en epicentro de manifestaciones de solidaridad.
El miércoles una multitud se congregó en la Plaza de Mayo bajo la consigna “Argentina con Cristina”, en una de las mayores movilizaciones opositoras desde la asunción del presidente Javier Milei.
Para este viernes, feriado nacional por el Día de la Bandera, los seguidores de Fernández habían convocado un “banderazo” frente a su casa.
Sin embargo, la propia exmandataria pidió a sus simpatizantes que se trasladen al parque Lezama para evitar posibles choques con la policía. “Sepan siempre que cuando ustedes están hasta lo malo se transforma en bueno”, escribió Fernández, llamando a la “sabiduría y templanza” de sus seguidores.
Restricciones y reclamos judiciales
Fernández, quien fue presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023, cuestionó además las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2, que la condenó por corrupción en la obra pública.
Según la exmandataria, solo pueden visitarla en su domicilio sus familiares directos, abogados y médicos. Cualquier otra persona debe solicitar autorización judicial.
“Hoy mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo tribunal, que solo permite que me visiten, y previo listado, únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, denunció.
“El resto de mis relaciones con el mundo exterior, amigos, amigas, compañeros, compañeras, y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al tribunal y luego esperar su autorización”, agregó.
Fernández calificó el régimen de visitas como “un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio” de sus derechos civiles.
“De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó en su mensaje.
La defensa de Fernández ha presentado recursos ante el tribunal para flexibilizar el régimen de visitas en medio de especulaciones sobre una eventual visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien viajará a Buenos Aires a comienzos de julio para participar en la cumbre del Mercosur. Si Lula quisiera visitarla, debería solicitar permiso al tribunal, que podría rechazar la petición.
Milei no considera el indulto
El presidente Javier Milei, consultado este viernes sobre la situación de Fernández, reiteró que no tiene “la más mínima intención” de concederle un indulto.
“La ley es igual para todos”, afirmó el mandatario, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción y la reducción del gasto público los ejes de su gestión, pese a sus escándalos, el más reciente de ellos una estafa millonaria a partir de una criptomoneda fraudulenta que el mandatario aupó desde sus redes sociales.
Por su parte, la ministra Patricia Bullrich defendió el operativo policial, argumentando que se trata de medidas de prevención para garantizar la seguridad tanto de la exmandataria como de los vecinos del barrio Constitución, ante la posibilidad de incidentes durante las manifestaciones.
“No vamos a permitir que se altere el orden público ni que se utilice la situación judicial de la señora Fernández de Kirchner para desestabilizar al gobierno”, declaró Bullrich a medios locales.
La masiva movilización en Plaza de Mayo el miércoles fue vista como una demostración del poder de convocatoria de Fernández y de la vigencia del peronismo como fuerza opositora.
“Cristina no está sola”, corearon miles de manifestantes, muchos de ellos portando banderas argentinas y pancartas con consignas en defensa de la exmandataria. La protesta transcurrió de manera pacífica y sin incidentes, según reportes policiales.
