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Este sábado, la Policía Federal brasileña cumplió una orden de prisión preventiva contra Jair Bolsonaro, ejecutada tras una decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. La medida se basa en un supuesto “riesgo concreto de fuga” del exmandatario, según reportó Agencia Brasil.
Según la resolución de Moraes, la convocatoria de una vigilia religiosa cerca de la casa de Bolsonaro —hecha por su hijo Flávio Bolsonaro— podría generar “tumulto” y facilitar una eventual huida. El ministro también ordenó que el detenido reciba atención médica “en tiempo integral” y restringió las visitas: solo podrán ingresar abogados y su equipo médico, previa autorización del tribunal.
Bolsonaro, que cumplía arresto domiciliario desde el 4 de agosto, llevaba una tobillera electrónica y estaba impedido de acceder a embajadas, consulados o redes sociales, directa o indirectamente. En su defensa, sus abogados habían pedido que continuara en detención domiciliaria por razones de salud, alegando enfermedades crónicas que requieren “seguimiento médico intenso”. Se ha confirmado que sus medicamentos fueron trasladados a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde ahora está detenido.
Moraes justificó la detención preventiva citando, entre otros factores, la posibilidad de que Bolsonaro intentara romper la tobillera electrónica, una sospecha que reforzó su decisión.
El arresto se produce en un momento delicado: Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión en la llamada “acción penal del Núcleo 1” por su participación en un intento de golpe de estado en 2022.
Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente es condenado por delitos vinculados a ataques contra el orden democrático. Durante el juicio, cuatro de los cinco magistrados del panel del Supremo Tribunal Federal votaron por su culpabilidad. La sentencia, no obstante, no implicó su encarcelamiento inmediato: Bolsonaro permaneció entonces en régimen de arresto domiciliario mientras avanzaban los procedimientos judiciales, hasta ahora.
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Las reacciones no tardaron en llegar. Frente a la sede de la Policía Federal en Brasilia, simpatizantes de Bolsonaro se movilizaron este sábado en rechazo a la prisión preventiva del exmandatario.
La movilización, marcada por consignas y banderas, buscó dar visibilidad al reclamo de sectores bolsonaristas que consideran la detención como un acto de persecución política.
Según reportó la agencia EFE, paralelamente, sus aliados políticos arremetieron contra la decisión del STF y aprovecharon el escenario para renovar la presión en el Congreso a favor de una amnistía que beneficie tanto a Bolsonaro como a los demás condenados por el intento de golpe de Estado.
