La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves un operativo que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados, por intentar un golpe de Estado en enero de 2023.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes le ordenó al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas. También le prohibió mantener contacto con otros investigados en el operativo que se concretó en una decena de estados, según cable de Efe.
Vera Magalhães [@veramagalhaes]: Reunião de Bolsonaro com ministros em 2022 foi peça-chave de decisão https://t.co/ckMl7vruJz .
— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 8, 2024
La Policía Federal afirmó que busca esclarecer si estas personas integraron una “organización criminal” que actuó “en la tentativa de golpe de Estado” para “mantener” al líder ultraderechista en el poder y evitar la asunción de Lula da Silva en enero de 2023, según la agencia española.
Según la prensa brasileña, fueron objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), así como el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También fueron involucrados el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro.
Del mismo modo, se involucra en esta operación policial a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
De acuerdo con O Globo, los cuatro detenidos son: Filipe Martins, que fue un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
La investigación aporta datos como que el grupo investigado “se dividió en núcleos de actuación para diseminar” sospechas de fraude en las elecciones de 2022, cuando Lula venció a Bolsonaro, quien buscaba la reelección. Esto habría sucedido “antes incluso de la celebración de los comicios”.
Según la Policía, con esa estrategia buscaban “legitimar una intervención militar”. Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado electoral por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas, que el país usa desde 1996.
Según la Policía, hubo un segundo núcleo de actuación que “consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.
Los agentes cumplieron 33 órdenes de allanamiento y 4 órdenes de prisión preventiva, y además impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos.
