La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México esclarecer la verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes a manos de narcotraficantes hace nueve años.
La CIDH “reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado ‘pacto de silencio’“, afirma en un comunicado.
Se trata de garantizar “medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes“, añaden.
La entidad llama al poder judicial mexicano a establecer las “responsabilidades penales de las personas judicializadas y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad“.
La desaparición de los jóvenes se atribuyó al cártel Guerreros Unidos y a policías a su servicio. No están claras las motivaciones, pero se considera que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes.
Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios. Pero no hay condenas.
Los familiares de las víctimas sostienen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha entregado toda la información disponible sobre los hechos, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El ejecutivo, sin embargo, lo niega.
Los jóvenes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses para ir a una manifestación en la Ciudad de México.
Solo han aparecido restos incinerados de tres.
