Un juez peruano dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde el pasado 7 de diciembre después de intentar disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción.
El juez Juan Carlos Checkley estableció en su dictamen que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
Castillo permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima.
El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra, diciendo que está siendo “injusta y arbitrariamente detenido” en una instalación policial cerca de la capital, Lima.
A principios de esta semana, llamó a sus seguidores a acudir a la prisión para exigir su liberación e instó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a interceder en su favor.
“¡Basta ya! El ultraje, la humillación y el maltrato continúan. Hoy me restringen la libertad nuevamente con 18 meses de prisión preventiva“, escribió Castillo en un mensaje publicado en Twitter.
“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que sucede en el país”.
Perú estrena gobierno mientras siguen las protestas en las calles
El magistrado señaló en su resolución que existen elementos de convicción de presunta conspiración y que Castillo, junto a la exprimera ministra Betssy Chavez, el exministro del Interior Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
El juez dictaminó también que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intención de asilarse en México.
Los abogados no participaron en la audiencia virtual de ayer jueves argumentando que la vacancia de su representado fue ilegal, al igual que el proceso que se está llevando en su contra.
Indicaron que su defendido no llegó a cometer el delito de rebelión porque no se alzó en armas. Y aseguraron que no existe peligro de fuga.
Al menos 15 personas han muerto en las protestas. El jueves hubo siete muertos y 52 heridos en la zona sur de los Andes de Perú, según autoridades de Ayacucho.
El gobierno de la nueva presidenta peruana Dina Boluarte declaró el estado de emergencia el miércoles en un esfuerzo por hacer frente a las protestas.
Los manifestantes proCastillo ahora llaman a sus manifestaciones una insurgencia nacional.
“Perú, nos hemos declarado en estado de insurgencia, una insurgencia nacional porque no le debemos obediencia a un gobierno usurpador”, dijo el jueves un manifestante en Lima.
Unos 1 000 manifestantes han acampado cerca de un centro de detención en Lima exigiendo la liberación del expresidente.
