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A tres años del juicio, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia este miércoles contra los dos principales responsables del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022 contra la expresidenta y líder peronista Cristina Fernández de Kirchner.
Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó el arma a menos de medio metro de la cabeza de la entonces vicepresidenta, fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado con el uso de arma de fuego.
Su exnovia y cómplice, Brenda Uliarte, recibió una pena de ocho años tras ser declarada partícipe necesaria del plan criminal. La sentencia se completará con los fundamentos que serán dados a conocer el 9 de diciembre.
Un tercer acusado, Nicolás Carrizo, líder del grupo de vendedores callejeros conocido como Los Copitos, fue absuelto por falta de pruebas luego de que tanto la querella como el fiscal Gabriel Baigún retiraran la acusación en su contra.
Durante el juicio, Sabag reconoció haber intentado matar a Cristina Fernández, sin mostrar arrepentimiento. Uliarte, en cambio, se negó a declarar en la etapa final del proceso.
El atentado que conmocionó a la Argentina
La noche del 1 de septiembre de 2022 quedó grabada en la memoria colectiva. Cristina Fernández regresaba a su domicilio del barrio porteño de Recoleta, rodeada de simpatizantes que la saludaban tras asistir a una audiencia judicial.
Entre la multitud, Sabag Montiel se acercó con una pistola calibre 32, le apuntó al rostro y disparó dos veces. Ninguna bala salió: el arma se encasquilló.
El agresor fue detenido de inmediato. El hecho desató una ola de movilizaciones y repudio al considerarse el atentado una amenaza directa a la convivencia política y al sistema democrático argentino.
“El episodio refrescó la oscura memoria de la violencia política”, señaló el analista Facundo Cruz, aludiendo a los tiempos de la dictadura militar y la persecución a figuras públicas.
Justicia y controversias: la trama política
Aunque la sentencia cierra una etapa judicial, las investigaciones continúan. Cristina Fernández, a través de sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, apeló el archivo de la causa que investigaba al diputado del PRO Gerardo Milman, señalado por presunta vinculación con el atentado.
La denuncia surgió tras el testimonio del asesor Jorge Abello, quien declaró haber oído a Milman decir, dos días antes del ataque: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
Al ser imputado, el legislador borró por completo su teléfono móvil y su secretaria eliminó documentos, según se reveló en el juicio.
La jueza María Eugenia Capuchetti archivó el expediente al no hallar pruebas directas, pero no sobreseyó a Milman, dejando la puerta abierta a nuevas medidas. La apelación presentada por la defensa de Fernández busca que instancias superiores revisen esa decisión.
Un fallo que no disipa las amenazas
El atentado se produjo en un contexto de alta tensión política, cuando por entonces Cristina Fernández enfrentaba un juicio por corrupción en la adjudicación de obras viales, causa por la cual fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde 2025 cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires, aunque continúa siendo una de las voces más influyentes del movimiento peronista.
Para muchos de sus seguidores, la sentencia contra Sabag y Uliarte representa un acto de justicia, pero también un recordatorio de que los discursos de odio tienen consecuencias reales.
El propio Sabag dijo durante la audiencia: “Todo esto estuvo armado, pero no me pagaron por hacerlo”, frase que volvió a alimentar teorías sobre conspiraciones políticas.
La sombra que persiste
A tres años del atentado, el fallo judicial deja un mensaje doble: la condena de los responsables evidencia la fortaleza institucional, pero el contexto de amenazas, ataques en redes y tensiones partidarias refleja que la figura de Cristina Fernández sigue siendo blanco de pasiones extremas.
El caso “refrescó la oscura memoria de que se puede apelar a la violencia para resolver diferencias políticas”, dijo a la AFP el analista y consultor Facundo Cruz.
“Se hizo palpable que en el siglo XXI puede ocurrir algo que se creía que estaba desterrado de las prácticas argentinas”, agregó en alusión al asesinato de militantes políticos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), período en el que fueron desaparecidas unas 30 MIL personas por los cuerpos de seguridad del régimen.
