La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) pidió este viernes un nuevo permiso al tribunal que la juzga por supuesta corrupción para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que es tratada allí de problemas de salud, informaron a Efe fuentes de su entorno.
La petición, presentada al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), donde cada lunes se realizan las audiencias, fue realizada a través de su abogado Carlos Beraldi y todavía no fue resuelta.
Según trascendió, Fernández, precandidata a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre, quiere viajar al país caribeño del 2 al 10 de julio próximos, cuando ya habrán quedado presentadas las listas y coaliciones electorales de cara a las primarias de voto obligatorio del 11 de agosto, que determinarán los candidatos definitivos a los comicios.
Este año, la expresidenta ya ha viajado en dos ocasiones a La Habana para ver a su hija Florencia, que está siendo tratada en una clínica de La Habana por un “trastorno de estrés postraumático” y por dolencias secundarias como un síndrome purpúrico, polineuropatía sensitiva desmielinizante y linfedema ligero de miembros inferiores “de etiología no precisada”.
Según explicó la propia Fernández el mismo 14 de marzo, cuando viajó por primera vez, Florencia sufre “problemas de salud” provocados por la “persecución feroz” a la que la somete la Justicia, que las acusa a ambas de presunto lavado de activos y asociación ilícita, por las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
Florencia Kirchner, hija de Fernández y el fallecido exgobernante argentino Néstor Kirchner (2003-2007), viajó en febrero a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo “su estado de salud se había deteriorado sensiblemente” y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión, y por lo tanto no pudo volver a su país.
El pasado 24 de mayo, tres días después de iniciarse el juicio por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato, el TOF2 autorizó a la actual senadora a no ir a las primeras sesiones –en las que la se leen las acusaciones- siempre y cuando acredite superposición con funciones de la labor parlamentaria.
El lunes pasado, la también precandidata a vicepresidenta para las elecciones de octubre próximo no concurrió al juicio al alegar que tenía una reunión en la Cámara Alta.
Si no tiene actividad parlamentaria el próximo lunes, la expresidenta deberá presentarse a una nueva audiencia del juicio, en el que también están acusados, entre otros, su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.
