La Fiscalía de Ecuador confirmó que los cuerpos calcinados hallados días atrás son los de los cuatro menores desaparecidos en el sur de Guayaquil.
Los menores habían desaparecido a inicios de diciembre después de que salieran a jugar fútbol y fueran aprehendidos por un grupo de soldados, contra quienes la Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva este martes.
“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y 1 niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre”, señaló la Fiscalía, citada por la agencia EFE.
El fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, presentó “elementos de convicción recabados contra los involucrados” y, en consecuencia, solicitó el procesamiento de los militares por el delito de desaparición forzada, añade el reporte.
La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes en medio de los reclamos de familiares, amigos, vecinos y miembros de organismos de derechos humanos.
También llegaron hasta el lugar personas a favor de los militares, y la Policía tuvo que intervenir para impedir altercados entre los manifestantes, refiere el medio español.
El caso y la investigación
La desaparición ocurrió la noche del domingo 8, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Videos publicados en redes sociales muestran cómo los militares aprehendieron a los menores cuando estaban caminando cerca de un centro comercial. Luego los llevaron a unos 30 kilómetros de la ciudad, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Desde esa noche, se desconocía el paradero de los menores. Los militares afirman haberlos dejado con vida en el camino hacia la base aérea, recuerda EFE.
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El pasado martes, agrega el despacho noticioso, una jueza decidió que la desaparición debía investigarse como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”, tras aceptar el habeas corpus interpuesto por las familias de los menores.
Por su parte, la defensa de los militares aseveró que estos aprehendieron a los menores porque fueron alertados de que estos “aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley”, algo rebatido por los fiscales.
Tras cerca de un mes de investigación la Fiscalía presentó en la audiencia elementos que sustentan la presunta participación de los procesados en la desaparición, desde testimonios de familiares y testigos, hasta los informes de peritos forenses y evidencias físicas.
EFE apunta que la instrucción fiscal durará 90 días y de confirmarse su participación en el hecho, los imputados pudieran enfrentar penas de entre 23 a 26 años de prisión.
