La crisis constitucional en Puerto Rico parecía encaminada a agravarse este lunes, después de que el Senado de la isla presentó una demanda para derrocar al veterano político que juró días atrás el cargo como nuevo gobernador de la isla, mientras los legisladores discutían sobre quién debería gobernar el territorio estadounidense.
La demanda pide una orden judicial temporal que ordene el cese inmediato de Pedro Pierluisi en sus funciones y solicita al tribunal que declare inconstitucional una ley de 2005 que establece que un secretario de Estado no necesita la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado para asumir la gubernatura.
“En Puerto Rico se vive una situación sin precedente histórico”, escribió el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La semana pasada, Pierluisi fue nombrado secretario de Estado, lo que le convertiría en el siguiente para suceder al gobernador, cuando la legislatura estaba en un receso. La Cámara de Representantes puertorriqueña le confirmó el viernes en el cargo por 26 votos frente a 21, lo que según Pierluisi le convierte en sustituto del exgobernador Ricardo Rosselló.
Sin embargo, el Senado no había votado sobre el nombramiento, y se esperaba que votara al respecto el lunes por la tarde. Además, el tribunal inferior anunció que revisaría la demanda el lunes por la noche, lo que provocó más comentarios de Schatz.
“Somos un pueblo de LEY y ORDEN”, escribió Schatz en una publicación de Facebook. “No hay ninguna circunstancia que coloque a alguien por encima de la Ley”.
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El lunes, el Senado le pidió a la Corte Suprema de la isla que se haga cargo del caso, pero el tribunal no ha respondido.
En un comunicado, Pierluisi dijo que no había tiempo que perder.
“Aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”, indicó.
Rosselló renunció oficialmente el 2 de agosto tras casi dos semanas de protestas avivadas por el descontento por la corrupción, la mala gestión de fondos y la filtración de un chat salpicado de insultos en el que él y otros 11 hombres se burlaron de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros.
La Constitución puertorriqueña indica que el secretario de Estado asume el puesto si el gobernador renuncia, y una enmienda señala que todos los candidatos a suceder al gobernador deben ser confirmados por las dos cámaras, salvo el secretario de Estado. Sin embargo, expertos legales cuestionan la validez de esa enmienda y creen que Pierluisi necesita ser refrendado por ambas cámaras porque la enmienda contradice la intención de la Constitución y su declaración de motivos.
Pierluisi ha dicho que la votación en el Senado es intrascendente porque ya es gobernador.
“Es una vista para ellos mismos”, dijo este domingo, dos días después de decir que si el Senado votaba contra su nombramiento como secretario de Estado, renunciaría y entregaría el gobierno a la secretaria de Justicia, la siguiente en la línea de sucesión según la Constitución.
Pierluisi añadió que había hablado por teléfono el sábado con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que se presenta a gobernador en las elecciones generales de 2020. Schatz ha dicho que tiene dudas sobre Pierluisi e insiste en la necesidad de una confirmación en el Senado.
Para complicar más la situación, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, la capital de la isla, anunció que presentaría una demanda el lunes inquiriendo si Pierluisi tenía derecho a jurar el cargo el pasado viernes.
La crisis podría alargarse días e incluso semanas. Los expertos legales estiman que probablemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomará la decisión final si el Senado no aprueba a Pierluisi como secretario de Estado y éste no renuncia al puesto. Una respetada organización de abogados ha acusado a Pierluisi de “secuestrar” la Constitución.
Los que se oponen al nombramiento del veterano político afirman que tenerle como gobernador sería un grave conflicto de interés porque trabajó para una compañía que representó a la junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla, mermadas por 13 años de recesión.
Durante su vista el viernes, Pierluisi dijo que se opone a varias medidas de austeridad –como el despido de empleados públicos y la eliminación de la paga extra de Navidad– solicitadas por la junta al gobierno de Puerto Rico, que está teniendo problemas para recuperarse de los estragos del huracán María.
Sin embargo, el cuñado de Pierluisi preside la junta creada por el Congreso para supervisar la reestructuración de la deuda de más de 70.000 millones de dólares después de que Puerto Rico se declarase en bancarrota.
Pierluisi fue representante de la isla en el Congreso entre 2009 y 2017, y perdió las primarias contra Rosselló en 2016. También fue secretario de Justicia cuando el padre de Rosselló, Pedro Rosselló, era gobernador.
