Dos históricos excombatientes de las FARC y ahora congresistas, Sandra Ramírez y Jairo Cala, denunciaron hoy en Ginebra que el proceso de paz en Colombia está en peligro por hechos como el asesinato de 131 antiguos miembros de la guerrilla desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016.
Ramírez, viuda del exlíder guerrillero Manuel Marulanda “Tirofijo”, y Cala transmitirán esta preocupación a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que les recibirá en su oficina.
Asimismo, le pedirán que Naciones Unidas renueve en los próximos meses el mandato de su Misión de Verificación de los acuerdos de paz.
“Vamos a transmitir a la ONU la difícil situación que tenemos en nuestro país, con asesinatos sistemáticos tras la firma del acuerdo de paz”, dijo a Efe la senadora Ramírez, alias de Griselda Lobo.
A los 131 excombatientes fallecidos Ramírez sumó unos 600 asesinatos de líderes locales, entre activistas de derechos humanos y medioambientales, políticos o responsables de que se cumplan los acuerdos en materia de reparto de la tierra en zonas rurales.
Según la senadora, detrás de los asesinatos están “los mismos grupos paramilitares que operan en Colombia desde hace 50 años” bajo nuevos nombres como los Águilas Negras o el Clan del Golfo.
“Pedimos aquí el apoyo de la comunidad internacional para impedir que el acuerdo de paz en Colombia fracase”, agregó el diputado Cala, quien también denunció la participación de fuerzas del Ejército colombiano en al menos dos de los asesinatos de excombatientes perpetrados desde 2016.
“Exigimos un compromiso real y efectivo por parte del Ejército colombiano para que se detenga esta nueva versión de ‘falsos positivos”, indicó en alusión al asesinato del exguerrillero Dimar Torres en el departamento de Norte de Santander y a un suceso similar ocurrido en San Vicente del Caguán (sur del país).
Los dos congresistas solicitarán también a Bachelet que garantice la continuidad de la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, que según ellos está amenazada por los intentos del Gobierno colombiano de detener sus actividades.
“El actual Gobierno hizo su campaña electoral con el eslogan de hacer trizas el acuerdo de paz y eso es lo que ha venido haciendo”, denunció Cala, quien denunció que se pretende “desviar” parte de los fondos de la ONU para apoyar el proceso de paz en actividades ajenas a él.
Cala responsabilizó a “la extrema derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe” de las dificultades que vive el proceso de paz y la consideró “responsable en buena parte de la violencia y del surgimiento de los grupos criminales en Colombia”.
Los dos exguerrilleros señalaron que la reconversión de las FARC de grupo armado a formación política no suponen un cambio en sus objetivos de ser “una propuesta política alternativa al régimen que ha imperado en Colombia”.
Los Acuerdos de La Habana, que tuvieron que ser parcialmente modificados después de que el “no” a su implementación ganara en un referéndum, pusieron fin a más de medio siglo de un conflicto con 8,3 millones de víctimas.
