El expresidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes el inicio de una huelga de hambre en protesta por lo que denuncia como un “politizado juicio oral” en su contra, difundió una nota de la agencia Europa Press citada por el periódico mexicano La Jornada.
El político, un maestro de primaria en una escuela rural en la región de Cajamarca, fue detenido el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso peruano lo destituyera por anunciar la disolución del ente legislativo y el establecimiento de un “gobierno de excepción” debido a la parálisis y acoso al que se vio sometido por la derecha.
Enfrentado a cargos de rebelión y abuso de autoridad, Castillo, de 55 años, comunicó su decisión a través de una misiva en su cuenta de la red social X, reiterando que está siendo juzgado por hechos que “nunca” cometió y acusando a la jueza del caso de haber “adelantado opinión” para “forzar el tipo penal de rebelión”.
El exmandatario, firmando como “presidente en cautiverio”, expresó que su huelga de hambre es una respuesta a las injusticias que se están cometiendo en su contra.
“He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”.
Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado de Castillo, confirmó que el exmandatario exige un cambio en el tribunal que lo procesa.
El magistrado argumenta que el delito de rebelión no se concretó, ya que el intento de autogolpe no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La fiscalía de Perú ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, así como una inhabilitación de tres años y medio y el pago de una reparación civil al Estado de aproximadamente 17 800 dólares.
La detención de Castillo en 2022 desató una ola de protestas en Perú, resultando en cerca de medio centenar de muertos debido a la represión de las fuerzas de seguridad.
Las manifestaciones, que exigían su liberación y se oponían al gobierno de Boluarte, sumieron al país en una profunda crisis política y social.
Dina Boluarte acusada
El escenario político en Perú se agrava con la confirmación de que la actual presidenta, Dina Boluarte, enfrenta más de treinta denuncias en su contra, confirmó un despacho de la agencia alemana DPA.
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, precisó que Boluarte se enfrenta a 34 denuncias, aunque no en todos los casos ha sido llamada a declarar.
La mandataria, quien era vicepresidenta en el abortado gobierno de Castillo, denunció ser víctima de un “golpe de Estado blando”, acusación rechazada por Espinoza.
Ya involucrada en 2023 en el escándalo de los relojes de lujo no declarados, conocido como el “Rolexgate”, la jefa de Estado está siendo investigada por presuntos aportes ilegales a su campaña política.
Se sospecha que Boluarte favoreció a la empresa Frigoinca con contratos millonarios por la distribución de alimentos en mal estado dentro del programa social de alimentación escolar “Qali Warma”.
