El gobierno de Venezuela asegura haber liberado a más de 400 personas desde diciembre de 2024, en un proceso de excarcelaciones que se intensificó poco antes y después de la captura el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos.
La medida, presentada como un gesto unilateral de paz, ha generado tanto esperanza como escepticismo entre familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, que cuestionan las cifras oficiales y exigen la liberación de todos los presos políticos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que unas 160 excarcelaciones ocurrieron en diciembre del año antepasado, mientras que el resto se produjo en el año siguiente al anuncio oficial del proceso masivo de liberaciones por parte de las autoridades chavistas.
Desde diciembre de 2025 serían unas 300, según las cifras oficiales. Las más recientes, ya en el actual mes y luego de la captura de Maduro y en medio de fuertes presiones desde Washington ascienden a 116, reseña la agencia EFE.
De acuerdo con Rodríguez, las medidas no se han aplicado a “presos políticos”, sino a personas acusadas de delitos contra la Constitución, entre ellos quienes habrían solicitado una intervención extranjera, de acuerdo con reportes de prensa.
“El Ejecutivo nacional inició un proceso masivo de excarcelación justamente para promover la convivencia pacífica”, declaró Rodríguez en una sesión parlamentaria transmitida por el canal del parlamento venezolano.
El funcionario insistió en que se trata de un gesto unilateral impulsado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instancia creada en 2024 para facilitar el diálogo con diversos sectores.
Cifras dispares, verdad disputada
Las cifras oficiales son cuestionadas por la oposición y contrastan con las ofrecidas por organizaciones no gubernamentales.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario reportó 116 liberaciones el lunes, mientras que la ONG Foro Penal confirmó apenas 56 hasta la mañana del martes.
Por su parte, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reporta 76, refiere EFE.
Entretanto, grupos de derechos humanos denuncian la ausencia de listas públicas y la falta de claridad sobre quiénes han sido beneficiados.
El partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, afirmó que el Gobierno venezolano “siempre miente” y exigió una lista pública de excarcelados.
Aún así, ONGs y familiares de los presos alimentan esperanzas por las excarcelaciones.
“Definitivamente lo ven como una esperanza. Pero más allá de eso, es una oportunidad”, señaló Alfredo Romero, director de Foro Penal, al explicar que en los últimos días la organización recibió una “inundación de mensajes” de familias que antes temían denunciar.
Según Romero, de unas 300 solicitudes recientes, al menos 100 casos han sido confirmados como detenciones por motivos políticos.
La muerte de Edilson Torres y opositores liberados
El proceso de liberaciones llegó demasiado tarde para algunos. Edilson Torres, expolicía de 51 años, murió de un ataque al corazón en la cárcel mientras su familia esperaba su excarcelación.
Torres había sido detenido en diciembre bajo acusaciones que sus allegados califican de políticas. Su funeral en Guanare se convirtió en un acto de denuncia y dolor colectivo, con familiares clamando por la liberación de su esposa, aún encarcelada.
El fiscal general Tarek William Saab aseguró que el caso estaba vinculado a “actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado”, sin ofrecer detalles.
Entre los que sí han sido liberados figuran nombres de peso en la oposición: la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, quien viajó inmediatamente a España; Biagio Pilieri, dirigente opositor vinculado a la campaña presidencial de María Corina Machado; y Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato presidencial.
Igualmente, fue excarcelado el empresario italiano Marco Burlò, quien describió su detención como un “secuestro puro y real” y denunció haber estado completamente aislado.
El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, confirmó que entre los liberados hasta el momento había ciudadanos de su país.
No obstante, organizaciones opositoras y de derechos humanos cifran en más de 800 las personas que continúan detenidas por razones políticas.
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Reclamos internacionales
La liberación de presos también ha generado reacciones fuera del país. En Buenos Aires, familiares de argentinos detenidos en Venezuela se manifestaron frente a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), símbolo del terrorismo de Estado durante la dictadura argentina de 1976-1983.
Los manifestantes compararon ese centro clandestino con El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, al que calificaron como “el mayor centro de torturas de Latinoamérica”.
“Es un símbolo del horror, donde se encierra, se tortura y se humilla a quienes piensan distinto”, denunció Elisa Trotta, referente de la oposición venezolana en Argentina.
Los familiares de los detenidos exigieron la liberación de todos los presos políticos y el cierre de los centros de detención.
Exigencias opositoras
La oposición, encabezada por la Nobel de la Paz María Corina Machado, insiste en que las medidas son insuficientes y exige la liberación de todos los presos políticos. Así lo hizo también Edmundo González, considerado ganador de las elecciones presidenciales de 2024 frente a Maduro.
Estados Unidos también ha reiterado esa demanda, acusando al gobierno venezolano de usar las detenciones como herramienta de control político.
Por su parte, el discurso oficial insiste en que las excarcelaciones buscan promover la convivencia pacífica.
“Las actuaciones responden a las gestiones permanentes impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, orientadas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. La medida beneficia incluso a aquellos compatriotas que, tras ser víctimas de la manipulación política y mediática de sectores extremistas, atentaron contra la soberanía y la estabilidad institucional del país”, refirió un reporte de la cadena Telesur.
En la otra cara del discurso, analistas señalan que el proceso —al menos en su más reciente fase— responde tanto a presiones internacionales como a la necesidad del actual gobierno de recomponer su imagen tras la captura de Maduro por Estados Unidos.
