Un juez de Argentina elevó este viernes a juicio, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la causa conocida como “de los cuadernos”, en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de la obra pública.
El magistrado Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de casos de corrupción contra la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva, algo que, como en anteriores ocasiones, no se prevé que ocurra por el rechazo del peronismo, al que ella pertenece y que tiene un gran peso parlamentario.
Aún sin fecha de comienzo, será el Tribunal Oral Federal 7 el que siente por segunda vez en el banquillo a la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya está siendo juzgada desde mayo pasado por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato y está a la espera de que comiencen otras cuatro vistas orales más.
Sin embargo, la nueva resolución cobra especial relevancia al ser la primera después de que el 11 de agosto pasado la lista que integra Fernández como candidata a la Vicepresidencia –encabezada por el también peronista Alberto Fernández– fuera la más votada en las elecciones primarias, 16 puntos por delante de la que lidera el actual mandatario, Mauricio Macri, y se ubicara como la clara favorita a vencer en las presidenciales del 27 de octubre.
El magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Cristina Fernández -senadora desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo https://t.co/eDxAI6Rg3L
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 20, 2019
Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli acusan a Fernández de ser la “jefa”, junto a su esposo –fallecido por un paro cardíaco en 2010–, de una asociación ilícita para recaudar sobornos de los más importantes empresarios del país, contratistas de obra pública, también procesados en la causa y entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.
“En atención a los elementos de prueba colectados (…) es posible afirmar que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 100 millones de dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015”, asevera el juez en una resolución de 154 páginas.
El dinero recaudado era, según las pesquisas, entregado “alternativamente” a Fernández y Kirchner o sus secretarios privados en la residencia presidencial o en su apartamento particular de Buenos Aires, y parte de esos montos fue “redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios”.
Estas presuntas maniobras contaron, según el juez, con el entonces ministro del área de obras públicas, Julio de Vido –ya en prisión desde 2017– como “organizador” de la red, y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa misma cartera, Roberto Baratta, con quien se encargaba de velar por que se realizaran esos cobros.
El escándalo se destapó el 1 de agosto de 2018, cuando por sorpresa varios empresarios y ex altos cargos kirchneristas fueron detenidos por orden del juez, a quien meses antes había llegado, en extrema reserva, una investigación comandada por Diego Cabot, prosecretario de redacción del diario La Nación.
En enero de ese año, llegaron a manos del periodista los cuadernos, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer de De Vido y de Baratta. Un material en el que el conductor, que fue el primer arrestado el 31 de julio, plasmaba con detalle cómo durante una década trasladó supuestamente por todo Buenos Aires bolsas rebosantes de billetes de parte de empresarios a miembros del Ejecutivo.
Si bien la “causa de los cuadernos” tiene más de 170 procesados –la gran mayoría empresarios que declararon haber pagado los sobornos y fueron puestos en libertad–, Bonadio en esta ocasión envió a juicio a 53, incluida Fernández, y decidió sobreseer a algunos de los imputados, entre ellos Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial, y Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia y exjefe de Inteligencia del Ejecutivo de Fernández.
El juez elevó también a juicio dos ramificaciones de la causa: una por el presunto plan de lavado de dinero que organizó Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner y fallecido en 2016, con 15 acusados, y otra específica por la supuesta red de sobornos entre empresarios del transporte ferroviario, que afecta a seis.
La exmandataria y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos siempre negó los cargos y alega ser víctima de “persecución judicial” https://t.co/W2HhXKifb3
— CNN en Español (@CNNEE) September 21, 2019
Mientras Fernández, quien retornó este viernes de Cuba tras visitar a su hija Florencia, que es tratada allí por diversas dolencias, atribuye las acusaciones contra ella a una “persecución judicial”, otro juez investiga una presunta red de espionaje político-judicial en la que Stornelli está imputado.
“Bonadio está terminando de causar el daño que pueda causar en mérito a que está acabado. Ha sido un hombre arbitrario, acompañado por un fiscal que ha extorsionado a empresarios y funcionarios”, expresó a la agencia Efe Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la exmandataria, que se mostró convencido de que “no hay ninguna prueba” que la involucre con la recepción del dinero.
El letrado aseveró que la decisión de Bonadio busca “difamar a Cristina” y advirtió que si el próximo es un gobierno que no lo protege –como asegura hace el Ejecutivo de Macri–, el Consejo de la Magistratura lo destituirá por “mal desempeño y la arbitrariedad”.
Una mala y desesperada jugada del juez Bonadio para intentar influir en el resultado electoral próximo. Las pruebas son débiles y nada convincentes. El tiro le va a salir por la culata cuando Macri no lo pueda proteger.