La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente este miércoles la reforma laboral contenida en el capítulo IV del decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente argentino, Javier Milei, en su afán por desregular la economía y las protecciones sociales del Estado.
Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron una medida cautelar solicitada por la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor del país, que desactiva los cambios en materia laboral que habían entrado en vigor el 29 de diciembre.
“Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23“, evaluó el consejo directivo de la CGT en un comunicado.
Milei anuncia un paquete de medidas para desregular la economía y hubo protestas ante el Congreso
Los DNU son un mecanismo constitucional excepcional regulado desde 1994 y pensado para que el Gobierno dicte o modifique leyes que demorarían en el Congreso ante las urgencias de un escenario de catástrofe natural o social.
Entre los abogados constitucionalistas hay consenso de que ese no es el caso del decreto firmado por Milei.
Destrucción de las garantías
El título cuarto destruye las garantías logradas durante cuarenta años de democracia.
Desregula el mercado laboral argentino, que mantiene normas beneficiosas para los trabajadores, limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta doce horas diarias, aumenta el periodo de prueba y habilita cambios en las indemnizaciones.
Igualmente, dispone cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en las empresas y acorta las licencias por embarazo.
También reduce las aportaciones y contribuciones jubilatorias, las indemnizaciones y multas a las patronales por registro deficiente de los trabajadores, entre otras medidas.
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La nueva movida de Milei se complementa con la conocida ley omnibus, habilitada con unas seiscientas disposiciones. Con ella el presidente pretende acumular poderes legislativos, en lo que muchos expertos aprecian una versión light o mediante las urnas de un golpe de Estado.
Desafiado en las calles y demandado por otros problemas judiciales, el mandatario se enfrenta ahora a varios frentes conflictivos con una debilidad manifiesta en el Congreso, al que pretende ningunear, por la escasa representatividad de su partido, La libertad avanza.
Una nueva cúpula militar
En otra movida, este fin de semana el ejecutivo pasó a retiro a 23 generales y entregó a la fuerza aérea la jefatura del Estado Mayor Conjunto.
“El golpe al Ejército y el rasgo autoritario de Milei alimenta las peores hipótesis entre los expertos”, opinó el periodista Raúl Kollmann en el diario Página 12.
El rediseño de los mandos obedece, según Kollmann, a varias prioridades del oficialismo. Una de ellas es retomar las relaciones con Estados Unidos con carácter alineado. Los militares promovidos a la conducción de las tres fuerzas “exhiben antecedentes de una sólida relación con Washington”.
También presigue colocar en los mandos a oficiales jóvenes desideologizados y “más dóciles“ ante posibles sucesos como el cierre del Congreso o la venta y privatización de numerosísimos predios y bienes de las tres fuerzas.
En esa cuerda, ya se rumora de la conversión de la Base Naval de Mar del Plata en un puerto que sirva para negocios petroleros.
