La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reavivó el debate sobre el posible destino de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México tras sugerir que sí podrían haber sido quemados en un basurero, la principal hipótesis del gobierno que fue desacreditada por expertos internacionales que investigaron el caso.
A tres días de que concluya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo presentó un informe que alienta la tesis de la Procuraduría General de la República de que los jóvenes habrían sido quemados, aunque también cuestiona duramente algunas partes de su investigación, al considerar que hubo irregularidades y pidió mayores indagatorias para aclarar definitivamente el destino de los alumnos desaparecidos.
La investigación de la fiscalía federal ha sido cuestionada dentro y fuera de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el miércoles un informe en el que reitera todas las preguntas sin responder que plantea el caso e insiste, entre otras cosas, en la necesidad de realizar una “indagación exhaustiva” sobre el papel del ejército en los hechos.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías locales en la localidad sureña de Iguala cuando se preparaban para viajar en autobuses a la Ciudad de México. La tesis oficial sostiene que los agentes los entregaron a un grupo del crimen organizado que los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.
En una rueda de prensa de nueve horas, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo el miércoles que en el vertedero de Cocula, una comunidad cercana a Iguala, fueron incineradas al menos 19 personas, “que pueden corresponder” con los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La existencia de los restos de esas personas se conocía, pero según González Pérez, el hallazgo fue “subestimado” y ahora deben hacerse nuevas pruebas de ADN a esos trozos de huesos quemados para determinar si son los estudiantes o no. Esos restos no se habían vinculado con este caso ya que el basurero fue durante años un lugar donde el crimen organizado eliminaba a sus víctimas.
Sin embargo, la CNDH los relaciona ahora porque asegura que pertenecen a personas de edad similar, además de que asegura que hizo nuevos peritajes que evidenciarían que sí hubo un incendio en ese lugar en la fecha de las desapariciones, el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
El informe indica también que en el vertedero se localizó un resto óseo que a finales de 2016 dio positivo con el ADN de un estudiante, aunque nadie informó de ello.
Hasta ahora solo se había hallado un trozo de hueso totalmente identificado mediante ADN, que correspondía al alumno Alexander Mora. También se localizó otro resto óseo que arrojó una coincidencia parcial con un segundo joven, Jhosivani Guerrero, pero ni la fiscalía federal ni el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los peritos de las víctimas, consideraron el resultado como concluyente porque la prueba empleada no la consideran de plena fiabilidad.
Ambos restos estaban en una bolsa localizada en un río cercano al basurero de Cocula, en el estado de Guerrero.
Los peritos argentinos no pudieron acreditar que la bolsa con los restos encontrada junto al río procediese del basurero, y el último informe de los expertos independientes denunció multitud de irregularidades en su hallazgo y pidió investigar si esas evidencias pudieron haber sido manipuladas.
Sin embargo, ahora la CNDH sí cree que hay pruebas de que su contenido procede del vertedero.
Los abogados de las víctimas y los peritos argentinos aún no se pronunciaban.
El EAAF ya había detectado en 2015 los restos óseos de al menos 19 personas en el basurero de Cocula. Sin embargo, no halló evidencias de fuego de la envergadura necesaria para cremar 43 cuerpos en las fechas de la desaparición, pero sí de múltiples incendios previos. También afirmaron que en ese lugar se incineró a otras personas además de los estudiantes al ubicar evidencias dentales que no se correspondían con ninguno de los 43.
Guerrero es un estado con fuerte presencia del crimen organizado y en las inmediaciones de Iguala y Cocula hay centenares de desaparecidos.
Organizaciones internacionales, incluida la ONU, avalaron los resultados del equipo de expertos independientes de la CIDH que, además de echar por tierra la hipótesis oficial y poner en evidencia numerosas irregularidades en la pesquisa, pidió que se investigara la participación de actores estatales y federales en los crímenes y denunció obstrucción a la justicia por parte de diferentes autoridades. Estos problemas fueron reconocidos más tarde en varias sentencias judiciales en el país.
El dictamen más duro data del 4 de junio, cuando un tribunal colegiado amparó a cuatro personas acusadas de los crímenes de 2014 por presumir que las confesiones e imputaciones en su contra “fueron obtenidas mediante tortura”, y determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República”. Además, la corte ordenó la creación de una comisión de la verdad.
La Corte Suprema de Justicia de México tiene pendiente pronunciarse sobre este caso pero, con independencia de su decisión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, se comprometió a crearla para que este crimen no quede impune.
