Según Witness at the Border, un grupo activista proinmigrante, durante los últimos diez días de diciembre hubo al menos 22 vuelos desde la región fronteriza mexicana con Estados Unidos a ciudades del sur.
México también deportó a a 329 migrantes venezolanos en dos vuelos.
Ese periodo estuvo marcado por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Ciudad de México para abordar unas cifras sin precedentes de cruces a Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se había solucionado un déficit financiero que llevó a la agencia migratoria a suspender las deportaciones.
De acuerdo con autoridades de estadounidenses, las detenciones por entradas ilegales a Estados Unidos desde México cayeron a 2 500 el lunes pasado respecto a las más de 10 000 registradas durante varios días de diciembre.
Según el jefe de sector en Tucson, Arizona, John Modlin, en su área las detenciones alcanzaron las 13 800 durante el periodo de siete días que terminó el viernes pasado, un 29% menos que las de dos semanas antes.
Comerciantes en Eagle Pass, una ciudad de unos 30 000 habitantes, dijeron que habían sufrido un “gran golpe” económico durante el cierre del puente al tráfico de vehículos para que agentes fronterizos ayudaran a procesar a los migrantes.
El mes pasado se reanudó el tráfico de mercancías en Eagle Pass y en El Paso, Texas, luego de un paro de cinco días.
De acuerdo con trascendidos, las propuestas que estaban debatiendo la Casa Blanca y los republicanos del Senado negaría el derecho a pedir asilo si los cruces fronterizos superan una cantidad determinada.
El apoyo de México fue crucial para las políticas ya abandonadas de la era Trump, que obligaron a 70 000 solicitantes de asilo a esperar en México mientras les ponían fecha a sus citas migratorias en Estados Unidos y les negaban el derecho a pedir asilo durante la pandemia de la COVID-19.
