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La Fiscalía General de México anunció el jueves que no encontró evidencias de que el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos tuviera vínculos con el narcotráfico, como argumentaron autoridades de Estados Unidos para detenerlo varias semanas antes de entregarlo al gobierno mexicano después de que este amenazó veladamente con cortar la cooperación.
En un comunicado la Fiscalía señaló que tras no encontrar ningún elemento en contra del general Cienfuegos, decidió no iniciar ningún proceso penal. Pocos esperaban que México enjuiciara al exjefe del ejército, en parte porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dependido de este más que cualquier otro mandatario reciente y le ha confiado no solo asuntos de seguridad, sino también proyectos de infraestructura y hasta la operación de aeropuertos y trenes.
Responsable del ejército de 2012 a 2018, durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, Cienfuegos fue detenido en octubre en Los Ángeles bajo acusaciones de participar en una red internacional de tráfico de drogas. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H-2 a traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa.
Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos.
Sin embargo, una jueza estadounidense accedió en noviembre a retirar los cargos, en una decisión inusual, pero tomada luego de supuestas amenazas de las autoridades mexicanas. Funcionarios de Estados Unidos y México dijeron entonces a The Associated Press que el gobierno de México había dicho a sus contrapartes que podría expulsar a agentes antidrogas del país.
Cienfuegos fue devuelto a México, donde las autoridades dijeron que sería investigado y en su caso procesado, lo cual ahora la Fiscalía mexicana descartó.
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), dijo a la AP que la exoneración de Cienfuegos «podría ser la gota que derramó el vaso en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y México en actividades antidrogas».
Tras la detención del general, los fiscales estadounidenses indicaron que tenían mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como «El Padrino», según la fiscalía. Entre las comunicaciones, aseguraron, había mensajes en los que se identifica al general por nombre, título y fotografía.
Cienfuegos supuestamente ayudó al cartel del H-2. Las autoridades han señalado que el H-2 es un hombre identificado como Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fungía como lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva. El individuo murió en un enfrentamiento con la Marina mexicana en 2017.
La Fiscalía mexicana aseguró que tras el retorno de Cienfuegos a México, comenzó a investigar el caso y concluyó que el exsecretario de Defensa «nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva» del H-2 y «tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos».
Además, afirmó que no encontró ninguna prueba de que hubiera usado equipo electrónico para enviar instrucciones que favorecieran al grupo criminal, y tampoco identificó ningún incremento irregular de su patrimonio ni la percepción de ingresos ilegales.
La captura fue un duro golpe a las fuerzas armadas mexicanas, que desde hace varios años han apoyado la lucha contra el narcotráfico y han sido elogiadas por distintos gobiernos por su entrega y disciplina. Bajo el mando de Cienfuegos, el ejército mexicano fue acusado de violaciones a los derechos humanos, y el peor escándalo fue una masacre de presuntos criminales en una bodega en 2014, conocido como el caso Tlatlaya.
Vigil, el exfuncionario de la DEA, consideró que «estaba predeterminado que la justicia mexicana no avanzaría con el procesamiento del general Cienfuegos».
Esto, añadió, «manchará enormemente la integridad de su sistema judicial y, a pesar de la retórica política de querer eliminar la corrupción, evidentemente no es el caso. El estado de derecho ha sido violado de manera importante».
Cienfuegos fue el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico.
