Por primera vez, una entidad oficial mexicana ha reconocido que la masacre de estudiantes perpetrada el 2 de octubre de 1968 en el barrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, fue un “crimen de Estado”.
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, afirmó el lunes que “fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta; fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre con detenciones arbitrarias y torturas”.
Según Rochín, el Estado mexicano “mostró su rostro más autoritario” ese día en el que murieron un número todavía indeterminado de personas, fundamentalmente jóvenes, y cuando las instituciones del Estado fueron utilizadas para cometer violaciones a los derechos humanos “inobjetables” y cuyas víctimas todavía esperan justicia.
Rochín hizo estos comentario al presentar la primera reparación colectiva sobre el tema con la que se realiza “un reconocimiento oficial de los hechos”, se sientan las bases de no repetición en un país donde “la verdad y la justicia siguen esperando su momento”, y se pretenden detonar los procesos de verdad y justicia.
La resolución de la CEAV sobre la “reparación colectiva” no es una sentencia judicial, pero sí un reconocimiento simbólico de unos hechos por los que se inició un juicio por genocidio contra el entonces responsable de Gobernación, Luis Echeverría, quien posteriormente sería presidente de México (1970-1976) y a la postre resultó exonerado.
En 2002 se abrió una fiscalía especializada que pretendía juzgar, entre otros hechos, los sucesos de Tlatelolco, pero fue cerrada en 2007 sin llegar a ninguna sentencia condenatoria. Tampoco se consiguió llegar a un número claro de víctimas, el cual oscila entre las 25 oficiales y las más de 350 que estiman algunos colectivos. Ahora, el Comité del 68 –una sociedad civil en la que están, entre otros, antiguos estudiantes– intenta que se reabra el juicio.
La reparación colectiva consiste en la puesta en marcha de iniciativas culturales que contribuyan a la búsqueda de la verdad y la justicia.
La medida deja claro que no condiciona, ni extingue, “el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño a título individual” y “se reconoce su derecho imprescriptible y el de la sociedad mexicana en su conjunto, a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos hace cincuenta años” en la Plaza de las Tres Culturas.
AP / OnCuba
