Jaime Chuchuca Serrano
Si bien la relación entre el narcotráfico y la política asoma como algo excepcional, las conexiones estatales son fuentes de poder para la oligarquía de la droga. Los intersticios de las formas legales son usados por los mismos operadores técnicos enrolados con las mafias. Ninguna empresa del capital podría sobrevivir sin el sistema financiero comunicante en el mercado. El narcocrimen organizado ha captado estas redes de los mercados internos y globales. Se trate de cocaína o fentanilo, los aparatos públicos tienen mucho más que contar que las superficialidades que comunican los medios.
En los 90 y las primeras décadas de los 2000 el conflicto interno más citado era el de Colombia, pero el contingente bélico de la guerra de la droga también estaba en México, Perú y Bolivia. En 2022 la bomba de tiempo explotó en Ecuador.
El emporio de la droga en México
Aun cuando algunos investigadores mexicanos ponen en duda el concepto “cartel”, dado que existen redes mucho más profundas, los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa han cobrado importancia regional: la guerra entre estos se ha extendido por el continente. Solo estas dos organizaciones tienen la mitad de operadores en México. EE. UU. ubicó los carteles mexicanos como una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo, junto a Yakuza, la mafia italiana, la mafia rusa y las pandillas centroamericanas.
En la transnacionalización de sus actividades delictivas, las bandas mexicanas han desplegado una gran logística en América, Europa y Asia. Un grave problema a analizar es que las bandas CJNG y Sinaloa no solo se dedican al narcotráfico, sino además al tráfico de armas. Los picos del comercio armamentístico han crecido al calor de las guerras de Medio Oriente, Rusia-Ucrania, bajando los precios en Latinoamérica.
Ioan Garillo, autor de Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels, aprecia que EE. UU. es la mayor fuente de armas ilegales para el continente americano. En consecuencia, hay una conexión entre las drogas, el mercado de las armas y los ríos de sangre en Latinoamérica. Las guerras neoliberales de la droga son sumamente rentables, además contaminan fácilmente cualquier modelo de la oposición antineoliberal.
El tráfico de las armas de EE. UU. a Latinoamérica (norte-sur), tiene numerosos caminos como los de la cocaína de Latinoamérica hacia el norte. Se estima que se trafican 200 mil armas cada año de EE. UU. a México. Por su parte, los carteles mexicanos trafican armas a Colombia y Ecuador. Los tres países precisamente encabezaron la lista de homicidios por cada 100 mil habitantes (Colombia: 26,1; Ecuador: 25,9; México: 25,2). En Latinoamérica se incauta por año un promedio de 1 100 toneladas de cocaína, la mayoría con dirección a EE. UU. La pregunta es: ¿Dónde están los carteles estadounidenses? En La encrucijada política, los Estados, ejércitos y policías están involucrados en el tráfico de armas y de drogas.
Durante el Gobierno de López Obrador la disminución del conflicto ha sido sensible. Entre 2021 y 2022, los asesinatos cayeron en un 31 %. Aunque, por otra parte, el 93 % de los narcocrímenes no se denuncia. El panorama ha cambiado por la inclusión del fentanilo en el tráfico. Hay estimaciones globales que sugieren que solo se incauta un 20 % o 25% de la droga que se produce.
Algunas encuestas señalan que el narcotráfico es el quinto empleador de México, con 175 mil personas, encima de Pemex (Petróleos Mexicanos). Alrededor de 2 de cada 10 personas que ingresan al narco mueren asesinadas. El reclutamiento no solo ocurre de forma voluntaria, sino forzosa, en condiciones de cuasi-esclavitud.
Cambios de la política antidroga en Colombia
El presidente Gustavo Petro expresó en la Asamblea de Naciones Unidas que Colombia tiene una nueva oportunidad para la pacificación, a través de la legalización del cannabis y del cultivo de la hoja de coca como forma de quitarle la base a la violencia.
En el último año, el cultivo del hoja de coca se incrementó un 13 % (llegando a 230 mil hectáreas) y la producción de clorhidrato de cocaína en 24 %. La propuesta de Petro es invertir para transformar los territorios dedicados a la coca, sin descuidar la persecución a las organizaciones criminales. La política pública, dice el presidente colombiano, debería enfocarse más en el lavado de activos y las incautaciones, antes que a la persecución de campesinos. Este discurso se une a los Acuerdos de Paz logrados con las FARC y las mesas de negociaciones con el ELN.
En Colombia se ha investigado que las armas que ingresan a su territorio son de origen estadounidense, chino, ruso y rumano. En el primer año de Petro (2022-2023), los homicidios bajaron en 2,6 %; es decir, 345 homicidios menos: disminuyeron los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos irregulares. Sin embargo, se mantiene el nivel de extorsiones, hurtos y secuestros; además de varias denuncias contra el círculo cercano de Petro, como su hijo. La mayor producción de droga se encuentra en el Norte de Santander, que colinda con Venezuela, Nariño y Putumayo con Ecuador. La droga es el eje central del conflicto en Colombia y el culpable del genocidio.
La larga historia del conflicto colombiano, que involucra la repartición de la tierra, las guerrillas, el narcotráfico, y una formación económica tipo colonial, atravesó las fases de los capos y carteles, el paramilitarismo y la narcopolítica, para últimamente cuestionar el éxito de la guerra contra las drogas.
En estos crudos acontecimientos, Ecuador se ha visto como en un espejo.
La colonización de la droga en Ecuador
En este contexto regional, las transnacionales de la droga se han conectado con las mafias internas de Ecuador para colonizar territorios, instituciones estatales y poblaciones de escasos recursos. La guerra de la cocaína tuvo su primer epicentro con los desenlaces de la crisis pandémica: los homicidios por cada 100 mil habitantes subieron de 7,8 en 2020, a 14,5 en 2021. Solo un año después, en 2022, la tasa llegó a 25,9; mientras en México disminuían las muertes violentas en un gran porcentaje y en Colombia de modo moderado, en Ecuador el índice subía en 300,32 %. En 2023, se prevé un incremento de la tasa a 35 o 40; solo en el primer semestre los asesinatos subieron a 3 513: un 58 % más que en 2022. Hasta septiembre de 2023, superan los 5 mil asesinatos.
En el ranking de criminalidad global de 2023, Ecuador pasó del puesto 35 en 2021 al puesto 11 en 2023, en empate con Siria; Colombia está segundo, México tercero, y Paraguay cuarto. El informe concluye que el Estado sigue siendo la principal fuerza que impulsa la criminalidad.
La violencia extrema que vive el país está atada a la desinstitucionalización neoliberal; los peores escenarios de violencia se encuentran en el último año del Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y en todo el período de Guillermo Lasso (2021-2023), este último disminuido a dos años y medio por la Muerte Cruzada. Reportes investigativos como el de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), muestran que las mafias organizadas están en el mismo ejército y policía ecuatorianos y sus cúpulas.
Lo anterior se comprueba además en la repetida expresión del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, de que Ecuador alberga a “narcogenerales”. Pero más allá de la vinculación de las fuerzas públicas, se encuentran conexiones en la función judicial, fiscalía y hasta la misma la Presidencia de la República, como el conocido caso León de Troya o Gran Padrino que vincula al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa, servidores públicos y empresas como la Corporación Noboa; toda una estructura que habría sido montada durante los Gobiernos de Correa, Moreno y Lasso. El candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, realizó varias denuncias que desembocaron en el caso León de Troya, sobre la corrupción en las empresas estratégicas del Estado.
El ex jefe de El Mossad, Udi Levy, ha mencionado que el narcocrimen está en las altas esferas del Estado ecuatoriano. Si Colombia tenían paramilitares, en Ecuador se organiza una paradelincuencia: un variado tipo de servidores públicos como miembros activos y jefes de las mafias. En consecuencia, la política antidrogas no parece ser utilizada para combatir el narcotráfico, sino que es realizada entre competidores.
A los Estados ecuatoriano y latinoamericanos les tomará décadas solucionar los conflictos. Los contraejemplos de estrategia geopolítica aún apuntan a la regulación antes que al combate directo. Los millones de dólares gastados en la guerra contra las drogas ha producido un sinnúmero de escenarios políticos y lo contrario de sus objetivos: el crecimiento de nuevos mercados.
