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En cuestión de horas, Santiago Peña pasó este viernes de presidente de Paraguay a detenido en su domicilio, después de que el Senado lo destituyera mediante un acelerado juicio político por la crisis financiera de Ueno Bank, cuyo colapso dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos y desató una tormenta política que terminó por derribar su Gobierno.
La Fiscalía ordenó el arresto domiciliario del ahora expresidente por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, informó la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña deberá comparecer el sábado a las 11:00, hora local, ante los investigadores para prestar declaración.
“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, dijo González Vester a periodistas.
La destitución fue aprobada por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, integrado por 45 miembros. Poco después, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo mandatario y recibió la banda y el bastón presidenciales, en una sucesión extraordinaria precipitada por el escándalo financiero que había puesto contra las cuerdas al Gobierno.
Una caída política en tiempo récord
Peña había presentado su renuncia el jueves, cuando la crisis bancaria y las airadas protestas de los ahorristas amenazaban con profundizar la inestabilidad política. Sin embargo, la falta de quórum impidió entonces que el Congreso resolviera su dimisión y el Senado retomó el viernes el juicio político abierto en su contra.
El mandatario no acudió a la sesión y justificó su ausencia en un mensaje difundido en redes sociales. “No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, escribió.
También pidió reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza pública, además de reclamar que se atendiera a las personas perjudicadas por la intervención bancaria.
El proceso convirtió a Peña en el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político, después del sacerdote Fernando Lugo, quien fue apartado del cargo en 2012. La decisión parlamentaria también le hizo perder los privilegios institucionales asociados a su condición de expresidente y senador vitalicio.
La votación estuvo precedida por divisiones dentro del Partido Colorado, la agrupación oficialista, y por el abandono de la sesión de varios legisladores que el jueves habían impedido avanzar con el procedimiento.
El colapso de Ueno Bank
El detonante de la crisis fue la intervención de Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, ordenada el martes por el Banco Central después de detectar problemas de solvencia y una caída de sus indicadores por debajo de los mínimos regulatorios.
La medida dejó a unos tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus depósitos, en un país de aproximadamente siete millones de habitantes. El congelamiento de los fondos afectó a particulares, jubilados, empresas, instituciones y deportistas que operaban con la entidad.
El escándalo adquirió dimensión política por los vínculos empresariales que Peña había mantenido con personas relacionadas con el grupo económico al que pertenece el banco. Las conexiones entre el mandatario, antiguos socios comerciales y responsables de la entidad quedaron bajo escrutinio parlamentario y judicial.
Los cuestionamientos también alcanzaron a funcionarios del sistema financiero y a decisiones relacionadas con la administración de recursos públicos.
Peña ha defendido su actuación y alega que se había desvinculado de sus intereses empresariales antes de que estallara la crisis. Las acusaciones que motivaron su destitución y la investigación penal deberán ser examinadas en los respectivos procedimientos.
La Fiscalía investiga y los ahorristas esperan
La Fiscalía también ordenó la detención del exministro de Economía Carlos Carvallo, mientras avanzan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera y sus responsables.
El proceso judicial se desarrolla en paralelo a las medidas del Banco Central para devolver parte de los fondos a los depositantes.
El organismo comenzó a pagar anticipos de la garantía de depósitos a los clientes que cumplen determinadas condiciones. La primera etapa contempla a quienes tenían ahorros de hasta diez millones de guaraníes, equivalentes a unos 1600 dólares; no mantenían préstamos con Ueno Bank y disponen de una cuenta habilitada en otra entidad financiera.
Los desembolsos se realizan mediante transferencias automáticas a las cuentas de los beneficiarios en otras instituciones bancarias. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuántas personas habían recibido ya los primeros pagos ni el monto total desembolsado.
Los siguientes grupos de depositantes serán incorporados progresivamente, según explicó José Maciel, responsable de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central.

Alliana promete compensar a los afectados
Tras asumir la Presidencia, Alliana prometió que los ahorristas perjudicados recibirán una compensación plena y aseguró que su Gobierno atenderá las consecuencias de la crisis financiera.
“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, afirmó durante su juramento.
La caída de Peña estuvo acompañada por varios días de protestas frente al Congreso, donde ahorristas, jubilados, estudiantes y otros sectores reclamaron la devolución de sus fondos y responsabilidades por el colapso bancario.
Miles de manifestantes celebraron la destitución cuando se conoció el resultado de la votación, mientras otros permanecían frente al Parlamento a la espera de nuevas decisiones sobre el futuro de sus depósitos.
La crisis deja ahora al nuevo Gobierno ante dos desafíos inmediatos: restablecer el acceso de los clientes a sus ahorros y esclarecer las responsabilidades por el deterioro de Ueno Bank, mientras el expresidente enfrenta una investigación penal que podría abrir un nuevo capítulo de incertidumbre política en Paraguay.











