La indignación crecía el jueves entre las familias de las 28 personas que fallecieron luego de que miembros de un grupo criminal prendieron fuego a un bar luego de bloquear las salidas. Las familias se quejan de que los delincuentes están fuera de control y hacen imposible la vida en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera del sur de México.
“Lo de Coatzacoalcos es dolorosísimo, algo horrendo, inhumano, algo que entristece, nos degrada como sociedad, como gobierno, como país. Esto no se puede permitir”, afirmó el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, citado por la prensa mexicana.
El estado de Veracruz, donde se encuentra Coatzacoalcos, ha sido una de las muchas zonas de ese tipo de violencia: miles de personas han sido secuestradas y desaparecidas en el estado. En abril, hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y abrieron fuego, matando a 13 personas e hiriendo al menos a cuatro más.
Los empresarios afirman que las bandas en Coatzacoalcos exigen dinero a los propietarios de negocios a cambio de protección. Al menos otros dos bares fueron incendiados en la ciudad en julio para hacer cumplir esas demandas.
Las autoridades están buscando a los hombres que irrumpieron el martes por la noche en el club nocturno Caballo Blanco, donde entraron a punta de pistola, rociaron gasolina e iniciaron el fuego. Al parecer, el incendio fue obra del cártel de Jalisco en represalia porque el propietario del local se negó a pagar la extorsión exigida.
Sin embargo, el gobernador del estado ha reconocido que las autoridades habían detenido antes a varios de los sospechosos por otros delitos, pero que se les permitió ser puestos en libertad.
Los familiares de los fallecidos en el establecimiento dijeron el miércoles que han perdido la confianza en las autoridades.
“Tampoco queremos que pongan una guerra, pero si actuar con más firmeza”, dijo Miguel Ángel Ortiz, hijo de la mujer que limpiaba el bar, que seguía a la espera de confirmar que su madre, Rocío González Ramos, de 53 años, estaba entre los fallecidos.
“La justicia en nuestro país está al revés”, añadió Ortiz. “(Por) portación de armas, sí salen libres”.
Alicia Sierra, cuyo sobrino Habib Ojeda Sierra, un empleado de una tienda de alimentación de 23 años y padre de dos hijos, estaba entre los fallecidos, dijo que no quiere que su muerte “quede impune, como tantos otros crímenes”, en referencia a los asesinatos de abril.
Según Sierra, “esos hombres, que se los entreguen al pueblo” para que se haga justicia, porque las autoridades “al rato van a soltarlos”.
Por su parte, López Obrador ha dicho que “no puedes combatir la violencia con más violencia” y ha elogiado la labor de los soldados, quienes se han abstenido de abrir fuego mientras eran desarmados por las turbas. López Obrador afirma que sus programas de becas y formación atacarán al final la raíz de la delincuencia.
El mandatario mexicano ha dicho que la forma de abordar el problema de la delincuencia en el país es con “abrazos, no balazos” y ha insistido en que el pueblo mexicano está “feliz, feliz, feliz”.
Funcionarios del gobierno federal incluso han comenzado a mantener conversaciones con grupos de autodefensas, muchos de ellos ligados con los cárteles del narcotráfico, aunque el presidente dice que desaprueba esos contactos.
No obstante, la paciencia escaseaba entre las familias de Coatzacoalcos mientras preparaban los funerales de los fallecidos por quemaduras e inhalación de humo en el bar.
Lenit Enríquez Orozco, que dirige un grupo de familiares de desaparecidos en Coatzacoalcos desde la desaparición de su hermano en 2015, informó que los cárteles de la droga “están muy empoderados”.
“Dice López Obrador que el pueblo está feliz, y eso no es estar feliz”, afirmó, señalando a los afligidos parientes de las víctimas del incendio.
El empresario y activista contra la delincuencia Raúl Ojeda dijo que el ataque tenía todas las características del impago de una extorsión. Los cárteles Zetas y Jalisco Nueva Generación y pandillas locales están luchando por hacerse con el control de la ciudad, agregó.
“Los que no pagan, cierran o se atienen a las consecuencias”, afirmó Ojeda.
Entre los muertos había dos marineros filipinos. Ramón Guzmán, el agente del barco Caribe Lisa, informó que los dos hombres salieron a tierra luego de llegar de Houston y no regresaron. Sus nombres estaban en la lista de víctimas confirmadas del incendio.
López Obrador pidió el miércoles que se investigue a la fiscalía estatal para determinar por qué los supuestos autores del ataque quedaron libres tras su detención inicial.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, identificó al principal sospechoso como un hombre que responde al alias de “La loca”, de nombre Ricardo “N”, porque las autoridades no ofrecen ya el nombre completo de los sospechosos.
Según García, el hombre había sido detenido por la Marina en julio y fue liberado después de ser presentado ante la fiscalía del estado.
La fiscalía estatal disputó esa versión, diciendo que había entregado al hombre a los funcionarios federales.
