El gobierno del presidente Donald Trump congeló el lunes todos los activos del gobierno venezolano, en un significativo recrudecimiento de las tensiones con el mandatario Nicolás Maduro que coloca a su gobierno socialista en una lista de adversarios de Washington –Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán– que han sido blanco de sanciones agresivas.
La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entra en vigor inmediatamente. Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980.
La orden ejecutiva firmada por Trump fundamenta la decisión en la continua “usurpación” del poder por parte de Maduro y en los abusos a los derechos humanos por sus allegados.
Aunque la orden no es un embargo comercial formal –elude al aún considerable sector privado venezolano–, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en enero.
El asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton insinuó horas antes el lunes que Estados Unidos planeaba actuar al respecto pronto. En declaraciones a los periodistas la víspera de una conferencia internacional en Perú para demostrarle apoyo a Guaidó, dijo que Washington estaba preparando medidas “que mostrarán la determinación de Estados Unidos para obtener una transferencia pacífica del poder” en Caracas.
Es probable que las medidas agraven las penurias en la ya de por sí moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de seis dígitos y una profunda contracción que supera la de la Gran Depresión en Estados Unidos.
Sanciones anteriores contra la industria petrolera de Venezuela, la que genera casi todas las divisas por exportaciones del país, han acelerado una caída drástica en la producción de crudo, la cual comenzó con la elección de Maduro en 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.
Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con estadounidenses. Como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine está apoyando a Maduro o a su gobierno. Los que respalden al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.
Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas. No estaba claro cómo afectaría el decreto a la petrolera estadounidense Chevron, que el mes pasado recibió una moratoria de tres meses del Tesoro estadounidenses para continuar sus prospecciones petrolíferas con la petrolera estatal PDVSA.
El gobierno de Maduro no respondió en un principio a las medidas. Pero Guaidó celebró la noticia, señalando que protegería a la petrolera con sede en Houston CITGO –el activo venezolano de mayor valor en el extranjero– de los intentos de Maduro de hipotecar sus activos.
“Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”, afirmó en una serie de tuits a última hora de la noche.
Geoff Ramsey, investigador de la Oficina de Washington sobre América Latina, dijo que las medidas agravarán la crisis humanitaria a pesar de las excepciones para proteger a los más vulnerables, ya que los bancos occidentales evitan procesar incluso las transacciones legítimas.
“La verdad es que ningún institución financiera quiere chocar con el Departamento del Tesoro”, comentó.
El experto señaló que en lugar de insistir en la misma estrategia de embargos que no ha logrado producir un cambio de régimen pese a emplearse durante décadas en la Cuba comunista, Estados Unidos debería hacer más para respaldar las negociaciones auspiciadas por Noruega entre Maduro y representantes de Guaidó.
A la conferencia en Perú asisten representantes de más de 50 naciones que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela y consideran que la reelección de Maduro el año pasado fue fraudulenta.
Momentos después de que se anunció la orden ejecutiva, Bolton tuiteó que prevé tener un día “productivo” en Lima
