La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró la noche de este martes la inmunidad parlamentaria al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, lo que le abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo y detenerlo.
Al grito de “¡eso es justicia, justicia popular!” los constituyentes aprobaron retirarle el fuero a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, que en la víspera anunció que lo procesaría por desacatar en febrero una decisión que le prohibía salir del país.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció al final de una sesión, que se extendió por más de dos horas, la aprobación de un decreto constituyente que autoriza retirarle la inmunidad al jefe del Congreso para proseguir con una investigación penal en su contra.
“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza”, afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó.
El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe” ya que está “en desacato” de las decisiones del Poder Judicial.
El jefe de la Constituyente, a quien el gobierno estadounidense ha sancionado junto a más de medio centenar de funcionarios, aseguró que el Ejecutivo “no se intimida” ante el poder y las amenazas de Washington, e instó a sus colegas a prepararse para eventuales sanciones.
“No hay vuelta atrás en este proceso”, afirmó Guaidó al descartar que la decisión de la Constituyente y su posible detención vayan a detener las acciones emprendidas por la oposición para destituir al presidente Nicolás Maduro.
Desde las puertas del edificio donde vive en el este de la capital venezolana, Guaidó dijo a la prensa que las medidas aprobadas por el Tribunal Supremo y la Constituyente responden al “miedo” del gobierno por el recrudecimiento de las protestas a los recurrentes apagones y las fallas en el servicio de agua.
“Esto es simplemente una respuesta política de unos cobardes”, agregó.
Cuestionado sobre los costos políticos que deberá asumir el gobierno, Guaidó indicó que el primero será la convocatoria el 6 de abril a una “mega protesta estratégica organizada”.
Dirigiéndose a las autoridades, el jefe del Congreso expresó que “si quieren avanzar háganlo, pero asuman las consecuencias”.
“¿Quiero saber quién de las fuerzas armadas o de los cuerpos y organismos de seguridad del Estado se va a prestar para secuestrar al presidente de la República?”, señaló el opositor, quien se autoproclamó presidente interirno de Venezuela en enero, al reconocer la posibilidad de ser detenido tras la decisión de la Constituyente.
Rusia dice que sus militares estarán en Venezuela el tiempo que sea necesario
Ahora, sin ningún tipo de protección constitucional, el dirigente opositor de 35 años puede ser juzgado y enfrentar una eventual detención, lo que dejaría a la oposición sin su principal figura y motor de las recientes protestas antigubernamentales en el inicio del segundo sexenio de mandato de Nicolás Maduro.
La Constitución garantiza la inmunidad para el presidente, diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con la carta magna, el Congreso es la instancia que debe aprobar el retiro de la inmunidad de un diputado.
Las acciones del Tribunal Supremo y la Constituyente fueron rechazadas por algunos juristas y opositores que aseguraron que, en el caso de Guaidó, no se cumplieron los parámetros legales.
Al condenar las acciones en su contra, Guaidó acusó al gobierno de emprender una “persecución” en su contra ante la falta de soluciones para resolver la crisis eléctrica y la escasez de agua. Además sostuvo que la Constituyente “no tiene ningún tipo de cualidad” para retirarle la inmunidad parlamentaria y sostuvo que lo que buscan es “seguir persiguiendo y haciendo inquisición política”.
Guaidó –que ha sido reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino de Venezuela– instó a la población a salir a protestar por las fallas en los servicios.
El analista Félix Seijas, director de la encuestadora local Delphos, afirmó que con la acción del Tribunal Supremo y la Constituyente el gobierno busca “preparar el terreno” para futuras medidas más enérgicas contra Guaidó y medir las reacciones en el ámbito nacional e internacional.
Sobre el impacto de una eventual detención del jefe del Congreso entre las fuerzas opositoras, Seijas indicó que con esas acciones la oposición perdería a su principal motor y dejaría a los sectores adversos al gobierno sin estímulos para presionar por la salida de Maduro.
“Se corre un riesgo tremendo de que las personas no encuentren otro referente”, agregó.
Hasta ahora, el gobierno no había tomado ninguna acción concreta contra Guaidó aunque en las últimas tres semanas, el jefe del Congreso había enfrentado una serie de presiones luego del arresto de su jefe de despacho y mano derecha, Roberto Marrero, quien fue señalado de integrar una supuesta célula terrorista, y de la decisión que tomó la Contraloría General de la República de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 15 años por supuestamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada de bienes.
A mediados de marzo el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la apertura de un segundo proceso contra Guaidó por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
A finales de enero, el Ministerio Público abrió un primer proceso al dirigente opositor por “diversos acontecimientos violentos” que hasta la fecha no han sido precisados.
La decisión de la Constituyente ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el gobierno de Maduro.
En un intento por amainar el creciente malestar por el colapso de los servicios públicos, Maduro despidió la noche del lunes al ministro de Energía Eléctrica y aprobó un plan de 30 días de racionamientos eléctricos en todo el país.
AP / OnCuba
