Redacción OnCuba
Los abogados del expresidente Trump está apelando una orden que autoriza un testimonio limitado del exvicepresidente Pence después de que un juez determinó que debe responder preguntas del Departamento de Justicia acerca de los intentos de Trump de permanecer en el poder.
El desafío de sus abogados se produce después de que los de Pence dijeron que no apelarían un fallo del juez principal del Tribunal de Distrito de D.C., James Boasberg, quien le ordenó responder preguntas sobre los esfuerzos de Trump para permanecer en el poder antes del 6 de enero, pero acordó que el papel de Pence como presidente del Senado le permite estar protegido de ser interrogado sobre el día en sí.
El esfuerzo del equipo de Trump busca impedir cualquier participación de Pence en la investigación argumentando que el expresidente puede bloquear su testimonio debido al privilegio ejecutivo.
Pero la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito de D.C. rechazó ese argumento en un caso anterior y se puso del lado del Departamento de Justicia en otro fallo sellado de un juez que ordenó testificar a varios exfuncionarios de la Casa Blanca de Trump, incluido el jefe de gabinete Mark Meadows.
“El Departamento de Justicia se está alejando continuamente de las normas estándar al intentar destruir los estándares constitucionales aceptados y mantenidos desde hace mucho tiempo del privilegio abogado-cliente y el privilegio ejecutivo”, dijo un portavoz de Trump en un comunicado.
“El fiscal especial está llevando a cabo una cacería de brujas en la que el gobierno ha tratado de violar todas las normas constitucionales, incluidas las salvaguardias que protegen la capacidad de un presidente para consultar con su vicepresidente sobre asuntos de seguridad de Estados Unidos”.
El equipo de Pence había argumentado que la cláusula de Discurso y Debate debería proteger al exvicepresidente de las preguntas relacionadas con su papel al frente del Senado el día de los disturbios, utilizando el papel único como un amortiguador contra la investigación del Departamento de Justicia, ya que los legisladores tienen una protección constitucional de ser ” cuestionado en cualquier otro lugar.”
