El Gobierno del presidente Trump solicitó hoy jueves a la Corte Suprema permitirle poner fin a la libertad condicional humanitaria para cientos de miles de inmigrantes del programa parole.
La apelación de emergencia solicita a los jueces detener una orden de un tribunal inferior que mantiene vigentes las protecciones legales para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El Gobierno republicano argumenta que la decisión infringe indebidamente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
“El tribunal de distrito ha anulado una de las decisiones de política migratoria más importantes del Gobierno”, escribió el Procurador General, John Sauer.
La orden de la jueza federal Indira Talwani, en Boston, impidió que Trump pusiera fin anticipadamente al estatus legal temporal de los inmigrantes.
Su fallo, emitido a mediados de abril, se produjo poco antes de la fecha prevista para la cancelación de sus permisos, lo que los exponía a una posible deportación.
Trump fustiga a jueza federal que impidió revocar el estatus legal de inmigrantes del parole
Talwani concluyó que los inmigrantes del programa que se encuentran legalmente en Estados Unidos ahora enfrentan la opción de “huir del país” o quedarse y “arriesgarse a perderlo todo”.
Añadió que la explicación del Gobierno para terminar con el parole basó en una interpretación incorrecta de la ley.
El caso es el último de una serie de recursos de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchos relacionados con la inmigración.
Dictamen judicial permite a los beneficiarios del parole permanecer legalmente en EEUU
Su Gobierno también ha buscado desmantelar las políticas del presidente Joe Biden que crearon nuevas formas para que las personas vivan legalmente en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.
Entre los beneficiarios se encontraban más de 500 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que viajaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros con permisos de dos años desde finales de 2022, con autorización para trabajar.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han calificado la decisión de la Administración Trump de poner fin al programa de “sin precedentes” y han argumentado que violaba la normativa federal.
