En otra vuelta de tuerca, la administración del presidente Donald Trump planea imponer multas de hasta 998 dólares diarios a los migrantes que no abandonen Estados Unidos tras recibir órdenes finales de deportación, además de que podrían ser objeto de confiscación de sus bienes quienes aludan el pago de las sanciones.
Según documentos revisados por la agencia británica Reuters, esas multas se basan en una ley poco utilizada de 1996, aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump.
La administración actual planea aplicar sanciones retroactivamente hasta cinco años atrás, lo que podría resultar en multas superiores al millón de dólares, según un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.
En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), instó a los migrantes a utilizar una aplicación móvil conocida como CBP Home para “autodeportarse y abandonar el país ahora”.
“Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, amenazó McLaughlin. Eso incluye una multa diaria de 998 USD por cada día que permanezcan en el país tras recibir una orden final de deportación.
Confiscación de bienes y presión desde la Casa Blanca
Según correos electrónicos revisados por Reuters, la Casa Blanca ha presionado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para gestionar las multas y la confiscación de propiedades.
También se ha considerado involucrar a la división de decomiso civil del Departamento de Justicia para ejecutar estas acciones.
El plan afecta principalmente a unos 1.4 millones de migrantes que han recibido órdenes finales de deportación por parte de jueces migratorios.
Sin embargo, expertos advierten que estas medidas podrían impactar a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que viven en hogares mixtos junto con migrantes indocumentados.
Según FWD.us, un grupo defensor de inmigrantes, alrededor de 10 millones de personas indocumentadas viven en este tipo de hogares.
Críticas y desafíos legales
Scott Shuchart, exfuncionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración Biden, señaló que esas multas podrían ser impugnadas en los tribunales, pero advirtió que el propósito principal parece ser infundir miedo en las comunidades inmigrantes.
Por su parte, el Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute) destacó que 26% de los hogares con inmigrantes indocumentados viven por debajo del umbral federal de pobreza, lo que podría convertir tales multas en una carga insostenible para familias vulnerables.
La fecha exacta para el inicio de las multas sigue siendo incierta. El DHS no respondió preguntas de Reuters sobre los aspectos técnicos ni sobre la participación del asesor Stephen Miller en el diseño e implementación del plan.
Jueces en Texas y Nueva York emiten parón sobre venezolanos
Este miércoles, jueces de Texas y Nueva York prohibieron temporalmente al gobierno estadounidense que deporte a venezolanos encarcelados en ciertas partes de esos dos estados mientras sus abogados impugnan el uso de una vieja ley que permite a los presidentes encarcelar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra.
La noticia de la Associated Press (AP) abundó que el par de fallos no abordó la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por el presidente Trump para deportar a venezolanos, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, y solo se aplicaron a inmigrantes bajo custodia federal en los distritos judiciales de los jueces.
Las de este miércoles fueron las primeras acciones judiciales después de que la Corte Suprema federal fallara el lunes que el gobierno puede reanudar las deportaciones al amparo de dicha ley; pero, que los deportados deben tener algún debido proceso antes de ser sacados del país, incluyendo un tiempo razonable para argumentar ante un juez por qué no deberían ser deportados.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 solo se ha utilizado tres veces, durante la Guerra de 1812 contra Inglaterra y la Primera y Segunda Guerras Mundiales, ya en el siglo XX.
Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero Trump argumenta que el país está siendo invadido por miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos ya han deportado a más de 100 personas y las han enviado a una prisión de El Salvador sin permitirles impugnar sus expulsiones en la corte.
