Un grupo relevante de obispos y monjas católicos de Estados Unidos expresó su rechazo contundente a la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.
Los religiosos consideran que esta política de la Administración republicana causa división familiar, miedo y perturba la vida cotidiana de millones de personas inmigrantes.
En un panel de discusión celebrado esta semana en la Universidad de Georgetown, líderes de la iglesia denunciaron cómo la agenda de deportaciones masivas y la mayor severidad en las detenciones —incluyendo en escuelas y lugares de culto, tradicionalmente considerados espacios seguros— generan temor entre las familias inmigrantes, refieren reportes de prensa.
“El modo en que se aplican estas políticas no solo desestabiliza al inmigrante individual, sino a familias enteras, negocios y comunidades”, aseguró el obispo auxiliar de Washington, D.C., Evelio Menjivar Ayala, quien emigró ilegalmente desde El Salvador y hoy es ciudadano estadounidense.
“Lo que veo en los ojos de la gente es dolor y una profunda confusión… ¿A dónde iremos si no somos bienvenidos aquí?”, se preguntó el prelado, citado por la agencia AP.
La hermana Norma Pimentel, activista que dirige Catholic Charities de Rio Grande Valley en Texas, relató el sufrimiento de migrantes detenidos en condiciones lamentables que ha presenciado personalmente.
“Vi a agentes de la Patrulla Fronteriza conmoverse y llorar; ellos también reconocieron que eran seres humanos, no simples números”, comentó la monja.
Entre doctrina y defensa de derechos humanos
Si bien la iglesia católica mantiene posturas conservadoras en temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo —coincidentes con muchas prioridades políticas de Trump—, sí ha manifestado su profunda discrepancia respecto a la política migratoria vigente.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) suspendió en 2025 colaboraciones con el gobierno federal relativas al apoyo a refugiados tras recortes abruptos de fondos que calificaron como “desgarradores”.
El papa Francisco, fallecido en julio de 2025, había criticado fuertemente las deportaciones masivas, recordando que expulsar a personas únicamente por su estatus migratorio vulnera la dignidad inherente de todo ser humano.
Por su parte, el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, enfatizó el aporte económico de los inmigrantes en sectores clave como la agricultura, construcción y salud.
“La aplicación de la ley debe existir, pero tiene que ser racional y humanizada para que no destruya vidas ni comunidades”, afirmó el purpurado.
Ejemplos de abusos y consecuencias dramáticas
En Chicago, un inmigrante indocumentado perdió la vida este viernes tras un enfrentamiento con un agente de la Patrulla de Control de Inmigración (ICE).
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre arrastró con su automóvil a un agente en un intento de fuga, lo que llevó a que el agente disparara por miedo a perder la vida.
Aunque la violencia de estas interacciones es poco común, este caso ha generado indignación, especialmente al tratarse de Chicago, una ciudad santuario que se opone a las políticas represivas del gobierno federal.
Paralelamente, la redada masiva en una fábrica de baterías en Savannah, Georgia, que dejó detenidos a casi 475 trabajadores —en su mayoría surcoreanos— provocó una crisis diplomática con Corea del Sur.
Más de 300 de ellos fueron repatriados en un avión chárter en medio de la indignación pública por el trato humillante, con imágenes difundidas donde los trabajadores aparecían encadenados por manos, tobillos y cintura.
El gobierno surcoreano calificó el operativo como una traición, dado el estrecho vínculo económico y político con Estados Unidos.
Los detenidos en la redada enfrentaron cargos por ingreso ilegal o estancias con visados vencidos, pero surgen cuestionamientos sobre la rigidez y la falta de mecanismos adecuados para regular y proteger a trabajadores extranjeros calificados.
Empresas surcoreanas han dependido en gran medida de visas temporales o el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) para enviar a su personal, práctica que ha sido tolerada en el pasado, pero ahora fuertemente sancionada.
