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El máximo tribunal de Estados Unidos determinó este viernes que el presidente Donald Trump excedió sus facultades al imponer aranceles generalizados sin autorización legislativa, al considerar que la ley invocada por la Casa Blanca no respalda ese poder.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa un revés significativo para la estrategia comercial del mandatario.
El fallo concluye que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no habilita al Ejecutivo a fijar gravámenes de alcance ilimitado sobre importaciones. El presidente del tribunal, John Roberts, escribió la opinión mayoritaria, a la que se sumaron las juezas progresistas y los conservadores Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, según CNN.
“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, sostuvo Roberts. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”. La mayoría añadió que la emergencia “es insuficiente” para justificar esa medida.
La sentencia rechaza el argumento central de la administración Trump, que defendía que el término “regular” las importaciones, contenido en la ley de emergencia de los años setenta, incluía implícitamente la posibilidad de establecer aranceles.
Para el tribunal, cuando el Congreso delega esa competencia, lo hace de forma expresa y bajo condiciones específicas. “No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”, indicó Roberts, quien subrayó que el tribunal no reivindica “ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, sino que cumple con el papel asignado por la Constitución.
En disenso votaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Este último advirtió que la corte no resolvió qué ocurrirá con los miles de millones de dólares ya recaudados ni el procedimiento para eventuales devoluciones, un punto que previsiblemente quedará en manos de instancias inferiores.
Hasta mediados de diciembre, el Gobierno había ingresado 134 mil millones a través de los aranceles impugnados, aplicados a más de 301 mil importadores, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza citados por CNN.
Nada claro sobre devoluciones
A mediados de enero, Trump dijo en su cuenta de Truth Social que si la Corte Suprema decidiera anular los aranceles que ordenó implementar en 2025, sería “prácticamente imposible” devolver las cantidades cobradas a los importadores.
“Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles ascenderían a cientos de miles de millones de dólares”, señaló el presidente.
Basado en cálculos para Reuters y citados por El País, economistas del Penn-Wharton Budget Model estiman que la administración estadounidense podría enfrentar devoluciones de hasta 175 mil millones de dólares.
Con la decisión de hoy, no se establece un mecanismo inmediato para reembolsos, aunque la administración había señalado que podría afrontarlos si fuera necesario, aun cuando el proceso resultara complejo.
El caso examinó los denominados aranceles del “Día de la Liberación” y otros gravámenes impuestos a importaciones procedentes de China, México y Canadá, así como los llamados aranceles “recíprocos”, que elevaron tasas hasta un 50 % para algunos socios comerciales y hasta un 145 % en el caso de China en 2025.
De acuerdo con el medio de prensa, empresas afectadas sostuvieron que la medida constituía una expansión inédita del poder presidencial al establecer impuestos sin control legislativo.
El fallo se alinea con precedentes recientes en los que la corte exigió autorización explícita del Congreso para decisiones ejecutivas de gran impacto económico. Aunque el presidente dispone de otras herramientas legales para imponer aranceles, estas contemplan límites temporales o condiciones específicas que no fueron utilizadas en este caso.
La resolución cierra, al menos por ahora, la vía de emergencia empleada por la Casa Blanca y redefine el alcance de los poderes presidenciales en materia comercial, en uno de los litigios económicos más relevantes que ha examinado el tribunal en los últimos años.
