Defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes se están preparando para encarar en las cortes las promesas de campaña del presidente electo Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración, desde la reactivación de las políticas implementadas durante de su primer mandato hasta las deportaciones masivas.
Trump se ha comprometido a poner fin a los programas de libertad condicional que han permitido a los inmigrantes trabajar y vivir en el país de forma legal. En esos programas de libertad condicional humanitaria, en 2021, había más de un millón de inmigrantes con protecciones temporales.
Our nation is stronger than one man or one political party — no matter how determined they are to upend our democracy.
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— ACLU (@ACLU) November 6, 2024
Es probable que siga de inmediato la reimplementación de sus políticas de inmigración anteriores, como la prohibición de permitir el ingreso a Estados Unidos de personas de países predominantemente musulmanes y el restablecimiento de la política de “Permanecer en México”, que exige que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras esperan sus casos.
Sirine Shebaya, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Inmigración, declaró: “Reconocemos que muchos se sienten aterrorizados por lo que traerán los próximos cuatro años. Si bien no podemos evitar que ocurran todos los daños, les decimos a todos los que enfrentan daños: estamos aquí para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarnos y protegernos mutuamente”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que desafió las políticas de inmigración más duras de Trump durante su primer mandato, dijo que está preparada para enfrentar desafíos legales a partir de su primer día en el ejecutivo.
Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de la organización juvenil inmigrante United We Dream, dijo en un comunicado que con la promesa de Trump de planificar deportaciones masivas, tienen “una visión clara sobre la lucha que se avecina”.
“Usaremos y haremos crecer nuestro poder a nuevas alturas, construyendo el movimiento proinmigrante más grande que este país haya visto jamás, para luchar contra el nacionalismo blanco y promulgar una visión para el futuro que honre nuestros valores de una democracia pluralista donde todos puedan vivir y prosperar sin miedo”, dijo Martínez Rosas.
Algunas deportaciones inmediatas podrían incluir a aquellas personas que ya se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que en septiembre sumaban 37 395.
También podrían incluir las deportaciones aceleradas, lo que significa que si una persona que carece de estatus legal permanente está en el país durante dos años sin una audiencia judicial o cualquier tipo de autorización, puede ser deportada sin una audiencia ante un juez. Ese tipo de deportación estaba en principio limitada a 100 millas de una frontera. Sin embargo, durante la primera administración Trump, esa zona se expandió al resto del país.
Una segunda administración Trump podría volver a hacer lo mismo. El Instituto de Política Migratoria, un grupo de expertos en inmigración, ha estimado que “la expansión de la deportación acelerada al interior de Estados Unidos podría aplicarse a unas 288 000 personas”. Tom Homan, ex director interino del ICE de 2017 a 2018, dijo recientemente que la deportación masiva sería un objetivo.
También estaría en juego el costo de las deportaciones masivas. La promesa de implementar deportaciones masivas es una tarea costosa que necesita la aprobación del Congreso, lo cual podría ser más fácil si al presidente entrante se le otorga el control de ambas cámaras.
El Consejo Estadounidense de Inmigración dijo que expulsar a los aproximadamente 13 millones de inmigrantes en el país sin autorización costaría alrededor de 968 mil millones de dólares durante los próximos diez años.
Le costaría al Gobierno 89.3 mil millones en arrestos, 167.8 mil millones para detener a cantidades masivas de personas, 34 mil millones en procesamiento legal y 24 mil millones en expulsiones, según el análisis. Ese financiamiento tendría que ser asignado por Congreso.
Por otra parte, varios economistas han advertido las consecuencias de deportar a millones de trabajadores.
Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo: “Si algún presidente decidiera llevar a cabo una deportación masiva, esto tendría un costo extraordinario para el Gobierno y también devastaría la economía. Es fundamental que los políticos y el público estadounidense comprendan lo que esto implicaría: decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes, industrias ya en crisis devastadas, millones de personas encerradas en centros de detención y miles de familias destrozadas que provocarían terror y caos generalizados en comunidades de todo el país”.
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En 2022, los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron 75 600 millones de dólares en impuestos en total, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Se estima que alrededor del 4,8% de la fuerza laboral de Estados Unidos está compuesta por inmigrantes no autorizados, de acuerdo con el Pew Research Center.
