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La candidata demócrata Nicole Locklin presentó una demanda contra la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade y su titular, Alina García, para obtener registros relacionados con el conteo y la publicación de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre en el Distrito 26 de Florida, donde perdió frente al republicano Mario Díaz-Balart por apenas 1704 votos.
La acción judicial, presentada ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, llega después de varios días de cuestionamientos de Locklin sobre los cambios que observó en las cifras difundidas durante la noche electoral.
Según los resultados oficiales no certificados, Díaz-Balart obtuvo 114 578 votos, frente a 112 874 de la demócrata, una diferencia de 0,74 puntos porcentuales.
La contienda había terminado con un 49,9 % para el republicano y un 49,1 % para su rival, de acuerdo con los datos recogidos por EFE y los resultados publicados por las autoridades electorales de Florida.
En su demanda, Locklin solicita que la corte ordene a la oficina electoral entregar los documentos públicos que pidió los días 4 y 7 de noviembre y que, según sostiene, todavía no había recibido en su totalidad.
Entre ellos figuran registros de auditoría de los sistemas de tabulación, informes de procesamiento de boletas, versiones de los resultados difundidos durante la noche electoral y documentos que permitan conocer cuándo y por qué se modificaron las cifras reportadas.
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La candidata también reclama imágenes de las boletas y registros electrónicos de los sistemas de votación Election Systems & Software (ES&S) y Clear Ballot, así como informes de recuento, documentos sobre votos por correo no entregados o recibidos y comunicaciones relacionadas con esas boletas.
La demanda no pide que el tribunal determine quién ganó las elecciones ni que declare que hubo interferencia electoral ni solicita que se ordene elaborar nuevos informes o que se concedan indemnizaciones.
Lo que Locklin busca es acceder a registros existentes y no exentos para conocer qué información conserva la oficina y qué muestran esos documentos.
Las cifras que originaron el cuestionamiento
La controversia comenzó durante la noche del 3 de noviembre, cuando algunas plataformas de información electoral mostraron a Locklin temporalmente por delante de Díaz-Balart. Posteriormente, el total atribuido a la candidata disminuyó en unos 3 mil votos.
La Associated Press (AP) reconoció que un error de entrada de datos hizo aparecer brevemente una cifra incorrecta para Locklin y aseguró que la corrigió. Sin embargo, la demócrata consideró que esa explicación no aclaraba por qué, según afirmó, una cifra superior también había aparecido en los datos públicos de Miami-Dade consultados mediante civicAPI.
En la documentación incorporada a la demanda se mencionan dos variaciones. Una corresponde al total de Locklin para todo el Distrito 26, que habría pasado de 115 320 a 112 320 votos en las cifras difundidas durante la noche electoral.
La otra se refiere al conteo atribuido a la candidata en Miami-Dade, que, según los datos de civicAPI citados por ella, descendió de 48 822 a 46 629.
El abogado general de la oficina electoral, Oren Rosenthal, respondió a un mensaje de Locklin del 7 de noviembre que la AP había reconocido que el error estaba en sus propios reportes y sugirió a la candidata solicitar a esa agencia que preservara sus registros.
La respuesta también indicó que la petición de documentos públicos sería remitida al área correspondiente de la oficina.
La explicación de la AP y la discrepancia que Locklin atribuye a los datos de civicAPI son asuntos distintos, por lo que la candidata sostiene que necesita los registros de Miami-Dade para esclarecer el segundo punto; la demanda, no obstante, no presenta esas variaciones como prueba de una alteración deliberada de los votos.
Qué documentos recibió y cuáles reclama
Locklin había solicitado inicialmente, el 4 de noviembre, información sobre boletas provisionales, votos por correo pendientes de subsanación, sufragios de militares y residentes en el extranjero, así como registros de tabulación y auditoría correspondientes al 3 y 4 de noviembre.
El 5 de noviembre, la oficina le remitió un informe sobre discrepancias en las boletas por correo y otro sobre votos provisionales. En sus respuestas advirtió que determinados datos estaban sujetos a exenciones de acceso por disposiciones legales relacionadas con la confidencialidad y la seguridad de la infraestructura electoral.
En una segunda solicitud, enviada el 7 de noviembre, Locklin pidió imágenes de las boletas, registros completos de los votos emitidos en los sistemas ES&S y Clear Ballot, informes de resultados por grupos y precintos, y comunicaciones sobre boletas no recibidas o entregadas fuera de plazo.
También solicitó una explicación sobre la diferencia entre las cifras de votos por correo pendientes de devolución en Broward y Miami-Dade. En su petición comparó los 9191 sufragios no devueltos que, según los datos que presentó, registraba el primero de esos condados con los 56 696 que aparecían en Miami-Dade a las siete de la noche electoral.
Locklin sostiene en la demanda que, a la fecha de su presentación, seguían pendientes los registros de auditoría y tabulación, las distintas versiones de los resultados y los documentos solicitados el 7 de noviembre. También afirma que la oficina no le había ofrecido un calendario concreto para entregarlos ni una explicación escrita y específica de las exenciones aplicadas a cada documento.
Audiencia inmediata
La demanda solicita una audiencia expedita, la emisión de un auto alternativo de mandamus para que las autoridades expliquen por qué no deberían entregar los documentos y una orden judicial que garantice el acceso a los registros públicos no sujetos a reserva.
También pide que, cuando algún documento contenga información protegida, se entreguen las partes que puedan hacerse públicas y se identifique la disposición legal que justifica cualquier ocultamiento. Locklin solicita, además, que se preserven los registros relacionados con el caso.
En el escrito, la candidata argumenta que necesita esa documentación antes de que venzan los plazos aplicables para presentar una eventual impugnación electoral.
Insiste, sin embargo, en que el objetivo de la demanda es hacer valer su derecho de acceso a la información pública y no cuestionar directamente la proclamación del ganador.
Díaz-Balart, congresista republicano por Florida desde 2002, obtuvo así la reelección en un distrito donde su ventaja se redujo considerablemente respecto a 2024, cuando consiguió cerca del 70 % de los votos.
