La agencia Reuters tuvo acceso a un borrador del Departamento de Justicia según el cual la administración Trump está considerando deportar a residentes permanentes legales que hayan utilizado beneficios públicos, una acción dirigida contra la inmigración de bajos ingresos, de hecho el núcleo duro de la primera generación.
Actualmente los residentes legales permanentes que se declaran como “carga pública” o que dependen principalmente del gobierno para su subsistencia pueden ser deportados, pero en la práctica es muy raro que eso ocurra.
Debido a un fallo judicial de 1948, la deportación de inmigrantes por el uso de beneficios públicos se ha limitado estrictamente a los casos en que el gobierno ha exigido el pago de los servicios públicos y la persona no ha pagado.
El borrador del reglamento emplearía una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han utilizado beneficios públicos como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos, ayuda para viviendas o Medicaid.
De ser implementado, se desconoce su posible impacto, pero el cambio en la política podría afectar a residentes permanentes que tienen el derecho legal de utilizar beneficios públicos poco después de su llegada a Estados Unidos.
La ley permite la deportación de inmigrantes que se han convertido en “carga pública” dentro de los cinco años posteriores a la admisión si su motivo para buscar ayuda precedió a su ingreso a los Estados Unidos –por ejemplo, si tenían una enfermedad crónica que no se había divulgado.
El borrador indica que el gobierno anularía ese precedente para permitir la deportación de residentes permanentes que han usado beneficios públicos dentro de los cinco años posteriores a su admisión.
“Estamos en un nuevo territorio aquí porque esto nunca ha sido probado”, dijo Charles Wheeler, abogado del grupo sin fines de lucro Catholic Legal Immigration Network. “Me preocupa que vaya a estar dirigido a extranjeros residentes permanentes que de otra manera pensaban que eran libres y claros para recibir programas de beneficios públicos”.
El cambio, si se implementa, encaja con los esfuerzos más amplios de la administración Trump para aplastar la inmigración legal. La administración también ha reducido las admisiones de refugiados.
El borrador de la propuesta del Departamento de Justicia se basa en un plan similar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ampliar significativamente la definición de lo que significa ser una carga pública.
