|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El Gobierno de Trump violó una orden judicial sobre deportaciones a terceros países con un vuelo vinculado a Sudán del Sur, declaró el miércoles un juez federal.
El juez Brian E. Murphy, de Boston, afirmó que los ocho migrantes a bordo del avión no tuvieron la oportunidad de oponerse a que la deportación pudiera ponerlos en peligro.
Fueron expulsados de Estados Unidos apenas horas después de recibir la notificación, lo que les impidió contactar con abogados para presentar su objeción ante un tribunal.
Los abogados del Gobierno argumentaron que tenían antecedentes con el sistema de inmigración, lo que les dio la oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un país fuera de su patria.
Esta revelación se produjo al tiempo que un juez ordenaba a representantes del Gobierno comparecer en una audiencia de emergencia para abordar los informes de que un grupo de inmigrantes había sido enviado a Sudán del Sur.
Los funcionarios de Trump acusaron a “jueces activistas” de abogar por la liberación de delincuentes peligrosos.
Los países de origen de los inmigrantes —Cuba, Laos, México, Mianmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptarían de regreso, según Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien habló con la prensa en Washington antes de la audiencia judicial en Massachusetts.
En ese grupo los cubanos son dos, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS): Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones.
Arias Hierro fue arrestado el pasado 2 de mayo de 2025 y condenado por los delitos de homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y otros, dijeron las autoridades.
A Rodríguez lo detuvieron el 30 de abril y fue condenado por intento de asesinato en primer grado con arma, agresión, hurto y tráfico de animales caninos.
Lyons justificó la deportación asegurando que estos individuos “representan verdaderas amenazas a la seguridad nacional y peligros a la seguridad pública”.
“Tuvimos que hallar un tercer país para devolverlos y eliminar esta amenaza. He lidiado con estos países recalcitrantes por años. Sin embargo, con el presidente Trump y bajo la dirección de la secretaria Noem, ahora podemos evitar que estos depredadores sigan teniendo víctimas en Estados Unidos”, enfatizó.
Como parte de su política contra la inmigración, la Administración Trump ha venido desplegado una intensa labor diplomática para convencer a varias naciones a que acepten a inmigrantes deportados, contactando a países como Libia y Ruanda para que acojan a deportados de terceros países.
Al principio de este segundo mandato de Trump, funcionarios estadounidenses deportaron a inmigrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá. A supuestos integrantes del Tren de Aragua los enviaron a El Salvador, donde permanecen detenidos en una megaprisión.
La posibilidad de enviar a algunos deportados países como Libia o Sudán del Sur ha alarmado a los defensores de los derechos humanos.
Al igual que Libia, Sudán del Sur es una nación convulsa, desgarrada por conflictos armados y conflictos políticos.
Ambos países tienen alertas de viaje de Nivel 4 emitidas por el Departamento de Estado, que advierten a los estadounidenses no viajar debido a la amenaza de conflicto armado, violencia y secuestros.
