|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La secretaria de Seguridad Nacional de la Administración Trump, Kristi Noem, declaró ante el Senado que el presidente Donald Trump tiene todo el derecho a deportar personas sin el debido proceso tras definir incorrectamente el significado del término habeas corpus.
Noem fue interrogada sobre el habeas corpus —el derecho constitucional de las personas a impugnar su detención por parte del Gobierno ante un tribunal— durante una audiencia en el Senado.
“Secretaria Noem, ¿qué es el habeas corpus?”, le preguntó la senadora Maggie Hassan, demócrata por New Hampshire.
“Bueno, el habeas corpus es un derecho constitucional que tiene el presidente para poder expulsar a personas de este país”, respondió Noem.
“Eso es incorrecto”, intervino Hassan. “El habeas corpus es el principio legal que exige que el Gobierno proporcione una razón pública para detener y encarcelar a las personas. Si no fuera por esa protección, el Gobierno podría simplemente arrestar a personas, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, y retenerlas indefinidamente sin motivo alguno”, le explicó Hassan.
“El habeas corpus es el derecho fundamental que separa a sociedades libres como Estados Unidos de estados policiales como Corea del Norte”.
Las declaraciones de Noem fueron ruidosas porque está al frente de la agencia que lleva a cabo una campaña sin precedentes de detenciones y deportaciones que, según los tribunales, violan el derecho de habeas corpus de los detenidos.
A principios de este mes, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, planteó la posibilidad de suspender el recurso de habeas corpus para migrantes, afirmando que “el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”.
A mediados de marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que invocó una ley de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, para afirmar que una pandilla callejera venezolana conocida como el Tren de Aragua estaba “perpetrando una invasión” de Estados Unidos.
La proclamación declaraba que cualquier venezolano mayor de 14 años que perteneciera a la pandilla y no fuera ciudadano naturalizado ni residente legal estaba sujeto a deportación y era “acusable de hostilidad real contra Estados Unidos”.
Las autoridades estadounidenses actuaron rápidamente para detener y deportar de manera unilateral a decenas de venezolanos, alegando eran miembros del Tren, negándoles el debido proceso para impugnar sus detenciones y deportaciones.
Un grupo de detenidos venezolanos que estaban a punto de ser deportados a El Salvador argumentó ante el tribunal que no se les dio suficiente tiempo ni recursos para impugnar sus detenciones, acusando a Estados Unidos de violar su derecho de habeas corpus.
La Corte Suprema concedió la solicitud de los detenidos de bloquear su expulsión de Estados Unidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. En una decisión de 7 a 2, el tribunal dictaminó que la administración Trump no había otorgado a los detenidos el tiempo ni los recursos suficientes para impugnar sus deportaciones.
“En estas circunstancias, una notificación con apenas 24 horas de antelación a la deportación, sin información sobre cómo ejercer el debido proceso para impugnarla, sin duda no es aceptable”, declaró el fallo sin firma.
El recurso de habeas corpus solo se ha suspendido cuatro veces desde la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.
