Rui Ferreira
La administración de Donald Trump ha cerrado aún más las puertas de Estados Unidos. A partir de mañana los solicitantes de asilo, sin que importe la nacionalidad, que se presenten en la frontera con México tras haber pasado por otro país verán impedida su entrada a territorio estadounidense.
Según la nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicada en el Federal Register este lunes, “todo extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur sin haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus país de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual (y) que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo”.
Sin embargo, la nueva normativa deja entreabierta la posibilidad a casos muy particulares como las víctimas del contrabando humano, o a los casos en los que al solicitante le haya sido denegado el asilo en otro país o no haya sido nunca abarcado por las leyes sobre refugiados firmadas por la mayoría de los países occidentales. Hay algunos países, especialmente africanos y latinoamericanos que nunca han ratificado esas leyes.
Aunque la mayoría de los que solicitan asilo político en la frontera vienen de Centroamérica, también se han concentrado allí personas procedentes de países africanos, asiáticos y cubanos.
La nueva normativa justifica el rechazo del asilo en la frontera con el argumento de que Estados Unidos “ha asistido a un incremento sustancial de extranjeros que se han presentado cerca o en la frontera sur con México. Este incremento se corresponde con el aumento del porcentaje de extranjeros que se presentan allí manifestando su temor por la persecución o tortura (en sus países)”.
“En la última década el porcentaje de extranjeros sujetos a una deportación rápida o enviados a una segunda inspección para una entrevista sobre su miedo a regresar (a sus países) ha subido de aproximadamente 5% a 40%. El número de casos recibidos por el Departamento de Justicia para ser enviados ante un juez de inmigración también se ha elevado rápidamente, han triplicado entre el 2013 y el 2018, y se estima que seguirán incrementándose en el año fiscal 2019” y “solamente una pequeña minoría de esas personas recibirán al asilo”, afirma el documento.
Para el gobierno de Estados Unidos el problema estriba en que el sistema de admisión de pedidos de asilo se encuentra al borde del colapso sino ha colapsado. Todo esto debido al hecho de que un porcentaje muy alto de pedidos no tienen mérito y lo único que provoca es un atasco en el sistema migratorio y resta tiempo al análisis de casos con mucho más valor con lo que minan el objetivo humanitario del concepto del asilo.
Todo esto pese a que el Gobierno federal ha duplicado la cifra de jueces de inmigración en relación al año 2010. Aún así, todavía hay un escalafón de más de 900.000 casos desbordando los tribunales de inmigración. Solo desde octubre hasta fines de junio se recibieron unos 100.000 pedidos de asilo, según cifras del DHS.
Contradicciones
La nueva directiva representa algunas contradicciones en relación a la ley migratoria, donde están inscritos los postulados para el asilo. En primer lugar se salta la intervención del Congreso, ya que altera el contenido de la ley pero con una normativa ejecutiva.
En un comunicado, el Departamento de Justicia explica esto con que “utiliza la autoridad delegada por el Congreso en (…) la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en Estados Unidos”.
En segundo lugar, como la normativa restringe el ingreso al hecho de que no tienen derecho al asilo aquellas personas que se han presentado en la frontera habiendo cruzado un país “seguro”, ni la ley ni esta nueva directiva aclaran en que consiste esta clasificación, lo que permite la interpretación arbitraria de funcionarios de inmigración.
Lo único que la ley dice es que un país es considerado “seguro” en “virtud de un acuerdo bilateral o multilateral. Y Estados Unidos solo tiene firmado acuerdos en ese sentido con México y Canadá.
“Esta medida reducirá dramáticamente el peso sobre nuestro sistema causado por los solicitantes de asilo que no buscan protección en el primer país disponible, los migrantes por razones económicas que carecen de miedo de persecución, y los traficantes y las organizaciones de crimen transnacional que se aprovechan del sistema”, indicó Kevin McAleenan, secretario interino del DHS en un comunicado.
Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes ya han dicho claramente que la nueva directiva será contestada en los tribunales.
Por lo pronto la Unión Americana de libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha confirmado que acudirá a los tribunales porque, en opinión de su portavoz Lee Gelernt, la nueva normativa es “evidentemente ilegal” y “de entrar en vigor eliminaría efectivamente el asilo para quien lo solicite en la frontera sur”.
