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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dispone de un listado de unas 170 personas que participaron la semana pasada en el asalto al Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Hasta el martes, se habían capturado ya unos 80, según informó la agencia al fiscal federal de Washington DC, Michael Sherwin.
De acuerdo con el fiscal, la investigación de los hechos violentos es “incomparable” en alcance y abarca cerca de 100.00 pistas digitales. En medio de estas pistas se descubrió textos y mensajes coordinando el ataque. Y entre los cargos que se están barajando para llevar a los atacantes a los tribunales se encuentran conspiración sediciosa y asesinato, entre otros.
“Los terrenos del Capitolio por fuera y por dentro son esencialmente la escena del crimen”, dijo Sherwin durante una rueda de prensa en Washington, y agregó que “tenemos literalmente miles de testigos potenciales” en todo el país.
Sus comentarios se produjeron a medida que aumentaba la colecta de pruebas de que antes de los sombríos eventos en el Capitolio, en los que los legisladores debieron ser protegidos de una multitud enojada de seguidores del presidente Donald Trump, altos funcionarios del gobierno tenían motivos para estar muy preocupados por la posibilidad de actos violentos.
Los indicios incluían un par de informaciones recabadas por el FBI que admitían la posibilidad de atentados con bombas, y el “arresto” de congresistas y senadores. De hecho, al menos dos de los asaltantes fueron fotografiados portando esposas de plástico.
En un caso, la fiscalía reveló que los agentes del FBI en Virginia, advirtieron un día antes sobre una amenaza de ataques violentos dirigidos a los congresistas y senadores en el Capitolio. La advertencia, que según las autoridades se compartió con la policía de Washington, incluía detalles sobre el uso de lenguaje violento, refería que los revoltosos hicieron circular un mapa de los túneles subterráneos del Capitolio y citaba un texto publicado en sitios de los “trumpistas” en el que se advertí que los asistentes a la protesta deberían estar “listos para la guerra”.
“Los cargos pueden no limitarse a esos dos (conspiración sediciosa y asesinato). Si los acusados son llevados ante un jurado de instrucción éste puede imponer otros”, explicó a OnCuba el abogado Jordan Casten, especialista en delitos castrenses.
“Por ejemplo, si atrapan a alguien que participó en los hechos y es militar activo o retirado puede juzgarlo por un cargo de traición. Esto no implica la pena de muerte, que no existe para estos casos, pero sí le destruye la vida. Pierde la pensión, va a la cárcel y pierde también los derechos personales. No podría votar más en sus vida. Y, claro está, las multas van a ser pesadísimas”, agregó el experto.
