Rui Ferreira
Las pasadas elecciones presidenciales no habían siquiera comenzado y los republicanos estaban desde entonces socializando, principalmente el ex presidente Donald Trump y sus seguidores, que los resultados estarían adulterados. Hablaban de fraude a favor de los demócratas.
En los estados más mencionados, Florida, Georgia y Virginia, se crearon entonces importantes escenarios electorales, grupos de trabajo especiales manejados por las autoridades policiales locales a fin de investigar posibles fraudes.
Pero pasadas las elecciones, que dieron la victoria a Joe Biden, y concluido el trabajo de esos grupos, dos semanas después de las elecciones de medio término la conclusión es que no hay casos señalables, ni fraude masivo ni problemas sistémicos.
“No estoy al tanto de que haya habido ninguna detección significativa de fraude el día de las elecciones, pero no es sorprendente”, dijo Paul Smith, vicepresidente del Campaign Legal Center, grupo independiente que busca impulsar la democracia. De hecho, agrega, “todo el concepto de fraude por suplantación de votantes es un problema horriblemente exagerado. No modifica el desenlace de los comicios, es un delito grave, corres el riesgo de ser encarcelado y tienes una elevada posibilidad de ser sorprendido. Es un fenómeno raro”, afirmó en declaraciones a la agencia AP.
Esta conclusión es importante porque desarma el argumento de Trump y sus seguidores sobre un posible fraude, idea que ha permeado al mismo partido republicano.
Una investigación de AP también concluyó que no hubo un fraude generalizado ni en Georgia ni en los otros cinco estados muy reñidos en los que Trump impugnó su derrota de 2020, y que no hay indicios de ello en las elecciones de este año. La certificación de los resultados avanza sin contratiempos en la mayor parte de los estados, con pocas quejas.
En Georgia, donde Trump intentó presionar a funcionarios locales para que “hallaran” votos suficientes con el fin de revocar su derrota, una nueva ley le da a la agencia policial más importante del estado, Georgia Bureau of Investigation, la autoridad para iniciar investigaciones de presuntos fraudes en las votaciones sin que funcionarios electorales lo soliciten. La presunta violación tendría que ser lo suficientemente significativa como para modificar o desatar dudas sobre el desenlace de unos comicios.
Nelly Miles, vocera de la agencia, dijo que la entidad no ha iniciado ninguna pesquisa amparándose en esa ley. La GBI está apoyando a la oficina del secretario de Estado en una investigación sobre una vulneración del equipo de voto en el condado Coffee en 2021, pero esa es su única pesquisa sobre un fraude electoral, precisó.
Florida ha sido el estado con actividad más visible al crear su Oficina de Delitos Electorales y Seguridad en medio de mucho ruido ambiental este año y cumplir una promesa del gobernador republicano Ron DeSantis de combatir fraudes electorales no especificados.
La oficina depende del Departamento de Estado de Florida. Examina los alegatos y luego le encarga a la policía estatal perseguir a quienes hayan infringido la ley.
Este verano DeSantis anunció que la unidad electoral había arrestado a 20 personas por votar ilegalmente en los comicios de 2020, cuando el estado tenía 14.4 millones de votantes inscritos. Los detenidos eran todos exconvictos que pensaron que, una vez en libertad, sus derechos políticos habían sido restaurados. Ninguno ha sido encausado.
Las elecciones de medio término fueron la primeras de gran magnitud desde que una enmienda constitucional en Florida restableció el derecho al voto para los reos por delitos graves, excepto para los que han sido declarados culpables de asesinato o delitos sexuales graves o los que aún deben multas, cuotas o indemnizaciones.
Una de las personas acusadas, Robert Lee Wood, de 56 años, fue arrestada en su casa después de que agentes policiales la rodearan y tocaran a su puerta una mañana temprano. Pasó dos días en la cárcel. Su abogado, Larry Davis, dijo que su cliente no creyó que estaba infringiendo la ley porque pudo empadronarse para votar sin problemas. Davis consideró que la reacción policial en este caso fue “desmesurada”.
A fines de octubre un juez de Miami sobreseyó el caso de Woods por razones de jurisdicción, ya que fue interpuesto por la Oficina del Fiscal Estatal en lugar de fiscales locales en Miami. El estado está apelando el fallo.
Andrea Mercado, directora ejecutiva de Florida Rising, una organización independiente de activismo político enfocada en la justicia económica y racial, dijo que la aplicación desproporcionada de represalias sobre esos posibles votantes estaba enviando un “mensaje estremecedor a todos los ciudadanos que se reintegran a la sociedad y que desean empadronarse para sufragar”.
