La administración Biden anuncio hoy viernes que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos en otro intento de detener una ley de Texas que ha prohibido la mayoría de los abortos desde septiembre.
La medida se produce cuando las clínicas del estado se están quedando sin vías para detener la ley diseñada por el Partido Republicano que prohíbe los abortos una vez detectada la actividad cardíaca, generalmente es de alrededor de seis semanas. Representa el mayor freno al aborto en la nación en casi medio siglo y no hace excepción en casos de violación o incesto. Al acudir a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia está tomando el camino que las clínicas han buscado, ya que otros desafíos legales han fracasado.
Mientras tanto, las mujeres de Texas han acudido a las clínicas de aborto en los estados vecinos, algunas horas conduciendo en medio de la noche e incluyendo pacientes de hasta 12 años. «Las personas están asustadas, confundidas y, aparte del aborto temprano, no tienen lugar donde acudir para acceder a un aborto legal y seguro a menos que puedan viajar cientos de millas a otro estado», dijo Jeffrey Hons, presidente de Planned Parenthood South Texas.
Las clínicas han dejado de ofrecer todos los servicios de aborto desde que la ley entró en vigor el 1 de septiembre. La última derrota de las clínicas se produjo el jueves por la noche cuando un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans, en una decisión de 2-1, permitió que las restricciones permanecieran vigentes por tercera vez.
El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo que el Gobierno Federal pedirá a la Corte Suprema revocar esa decisión, pero no dijo con qué rapidez. El tribunal ya permitió una vez que las restricciones entraran en vigor, pero lo hizo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.
La ley de Texas ha superado a los tribunales hasta ahora porque transfiere su aplicación a los ciudadanos privados. Cualquier persona que presente una demanda exitosa contra un proveedor de servicios de aborto por violar la ley tiene derecho a reclamar al menos 10 000 dólares en daños, lo que, según la administración Biden, equivale a una recompensa.
Texas tenía aproximadamente dos docenas de clínicas de aborto antes de que la ley entrara en vigencia, y los operadores han dicho que algunas podrían verse obligadas a cerrar si las restricciones permanecen vigentes por mucho más tiempo. Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado, estableció una línea de información para recibir denuncias contra los proveedores de servicios de aborto, pero no ha presentado ninguna demanda.
Kimberlyn Schwartz, una portavoz, dijo el jueves que el grupo esperaba que la administración Biden acudiera a la Corte Suprema a continuación y estaba «segura de que Texas finalmente derrotará estos ataques a nuestros esfuerzos por salvar vidas».
En diciembre, la nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema escuchará el intento de Mississippi de revocar la histórica decisión Roe vs. Wade, que garantiza el derecho de la mujer al aborto.
