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Un juez federal bloqueó hoy jueves la orden ejecutiva del presidente Trump que limitaba la ciudadanía por nacimiento a cualquier niño cuya ciudadanía estuviera en riesgo si la orden entrara en vigor.
El juez federal de distrito Joseph Laplante, designado por George W. Bush, acordó otorgar carácter de demanda colectiva a una demanda que impugna la orden.
El fallo de Laplante tiene el mismo efecto práctico que una orden judicial a nivel nacional, ya que se aplica a bebés en cualquier parte del país.
La demanda colectiva no incluye a los padres, como solicitaban los demandantes. El juez describió su decisión de emitir una orden judicial preliminar como “no muy reñida”, sugiriendo que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente constituye un daño irreparable.
La decisión de Laplante se produce después de que la Corte Suprema restringiera la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra las políticas de Trump, pero dejó abierta la puerta para que los demandantes intentaran obtener un amplio alivio mediante las demandas colectivas (class actions, en el lenguaje jurídico).
La demanda, interpuesta en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades civiles, se presentó horas después de que los jueces fallaran el mes pasado, por 6 votos a 3, basándose en criterios ideológicos, que las medidas cautelares a nivel nacional probablemente excedan las facultades de los tribunales federales.
Tres jueces habían emitido medidas cautelares a nivel nacional que impedían la entrada en vigor de la orden de Trump. Una vez que se limitaron esas medidas cautelares, los demandantes legales acudieron rápidamente a los tribunales para intentar bloquear la directiva.
Firmada el primer día de Trump en la Casa Blanca, la orden limita la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en territorio estadounidense si al menos uno de sus padres no tiene estatus legal permanente.
Esto trastocó la interpretación convencional de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que durante mucho tiempo se ha considerado con pocas excepciones.
El Departamento de Justicia ha argumentado que la interpretación errónea previa de la cláusula incentivó la inmigración ilegal.
“Este fallo es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, como lo establece la Constitución”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien presentó el caso.
“Luchamos para garantizar que el presidente Trump no pisotee los derechos de ciudadanía de ni un solo niño”, añadió.
