La decisión del gobierno de Donald Trump de hacer que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se procesan sus casos en las atiborradas cortes de Estados Unidos fue tomada sin que se revelaran detalles cruciales, una medida que crea incertidumbre a lo largo de la frontera y que posiblemente incentivará a las personas a cruzar ilegalmente antes de que el cambio entre en vigor.
La nueva política obligará a miles de solicitantes de asilo a quedarse en peligrosas ciudades fronterizas de México mientras navegan por el sistema de cortes de inmigración de Estados Unidos.
Pero pocas cosas habían cambiado el viernes en el cruce fronterizo más transitado entre México y Estados Unidos, donde el nicaragüense Mauricio Gómez y decenas de personas más se congregaron para saber si era su turno de solicitar asilo.
“Estamos enterados de esa noticia, pero hasta el momento no está pasando”, dijo Gómez. “No sabemos hasta cuándo lo van a implementar”.
No se dieron a conocer detalles cuando Estados Unidos anunció la nueva política el jueves en respuesta a un gran y creciente número de solicitantes de asilo centroamericanos, muchos de ellos en grupos familiares, que por lo general son dejados en libertad en Estados Unidos mientras se procesan sus casos, algo que puede tomar años. Los trámites en la frontera siguen como siempre hasta que se implementen los nuevos procedimientos.
La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que el siguiente paso era “más papeleo legal” con México.
“Trabajaremos en un acuerdo técnico con ellos, pero tenemos a nuestros equipos trabajando en eso ahora”, dijo la funcionaria el viernes al canal Fox News.
Estados Unidos describió la política como una medida unilateral, pero México casi simultáneamente dijo que autorizaría a los extranjeros quedarse en el país mientras sus solicitudes de asilo son procesadas en Estados Unidos, y que podrían tramitar permisos de trabajo.
Ambos gobiernos han sostenido conversaciones por meses, y el momento en que se hicieron los anuncios indica un alto nivel de cooperación y coordinación.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que habló el jueves con reporteros bajo condición de anonimato dijo que algunos detalles se darían a conocer en los próximos días, y que la política entraría en vigor de manera escalonada en diferentes puntos de la frontera. Estados Unidos dijo que la política no se aplicará a niños que viajen solos ni a ciudadanos mexicanos que soliciten asilo.
La mecánica podría ser complicada: ¿Dónde se llevarán a cabo las audiencias de inmigración y cómo llegarán ahí los solicitantes de asilo? ¿Cómo se comunicarán con sus abogados? ¿Cómo serán enviados de vuelta a México?
Los detalles sobre la implementación y “las circunstancias en las que las personas serán llevadas y traídas por la frontera no son para nada claras”, dijo Alan Bersin, excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que ayudó a negociar los acuerdos de repatriación con México cuando era funcionario del DHS durante la presidencia de Barack Obama.
Algunos funcionarios federales temen que el rezago entre el anuncio y la implementación podría alentar a algunos solicitantes de asilo a cruzar la frontera de manera ilegal antes de que los cambios entren en vigor. Los cruces ilegales aumentaron entre la elección de Trump y su investidura por temor a lo que el nuevo presidente pudiera hacer.
Bersin dijo que los contrabandistas siempre tratan de sacar ventaja de aparentes “recovecos”, y podrían ver el tiempo de implementación como un incentivo.
También hay incertidumbre en el frente legal. Los jueces han bloqueado algunos de los golpes más grandes de Trump a la inmigración. El mismo viernes, la Corte Suprema decidió por voto dividido que no permitiría al gobierno aplicar una política anunciada el mes pasado que negaría el asilo a cualquiera que entrara en Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México.
Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria –una entidad apartidista–, dijo que los elementos de la implementación podrían ser impugnados en los tribunales conforme se vayan conociendo. Eso podría incluir temas como si el acceso telefónico es suficiente para consultar a un abogado, o qué pasa si el gobierno mexicano es responsable de que alguien no cruce la frontera a tiempo para una cita en la corte.
“Todas estas piezas, cada pieza logística, puede ser litigada. Esto puede alargarse por años”, dijo Selee. “Incluso me pregunto si esto llegará a ser implementado”.
Un migrante llamado Ismael, que se negó a dar su apellido por temor a represalias en su natal Honduras, fue el viernes al cruce fronterizo de Tijuana para revisar su lugar en una lista de espera de solicitantes de asilo que es manejada por los propios migrantes. Los inspectores estadounidenses procesan unas 100 solicitudes al día en el cruce, y hay más 1.800 en espera.
Ismael, quien ha estado esperando en Tijuana por casi tres meses, escuchó sobre el cambio de política en las noticias y se pregunta cuándo entrará en vigor. Quedó conmocionado por los recientes asesinatos de dos migrantes hondureños en la ciudad y se siente inseguro y no bienvenido. Pero _aseveró_ regresar a Honduras sería demasiado peligroso.
Estados Unidos tiene sus leyes, dijo. “No estoy de acuerdo, pero si nos mandan acá, ¿qué va a hacer uno? Esperar”.
