Una multinacional suiza de materiales de construcción y los herederos de una familia cubana a la que le fueron nacionalizados bienes en la Isla tras la Revolución liderada por Fidel Castro, llegaron al primer acuerdo de indemnización bajo una ley de EE.UU. que permite desde 2019 demandas a terceros que usufructúen ese tipo de propiedades.
Se trata de la primera resolución de una demanda judicial bajo el llamado Título III de la Ley Helms Burton de 1996, que fue activado por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
La multinacional LafargeHolcim aceptó resolver el caso pagando una indemnización, de la cual no se informó el monto, con la familia Clafin, que la había demandado en una corte del sur de Florida en octubre de 2020 por hacer negocios utilizando bienes que les expropiaron en la Isla.
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LafargeHolcim invertió en una planta de cemento situada en una antigua propiedad de la familia Clafin, a la que el gobierno cubano en el poder tras la Revolución de 1959 nacionalizó la Compañía Azucarera Soledad, una sociedad anónima dedicada al negocio del azúcar, así como a la ganadería y a la producción de leche en la entonces provincia de Las Villas.
Según el texto de la demanda, que cita EFE, la familia expropiada pidió una indemnización sobre dicha propiedad por 270 millones de dólares, más la triplicación que ofrece la ley y los intereses.
La jueza Aileen M. Cannon otorgó plazo hasta el próximo 28 de junio para que ambas partes presenten al tribunal el acuerdo, de lo contrario LafargeHolcim deberá tener una respuesta a la demanda antes del 12 de julio, según los archivos judiciales a los que tuvo acceso la agencia española EFE.
Por lo menos 37 demandas contra empresas, especialmente turísticas, muchas de ellas compañías hoteleras españolas, han sido interpuestas en cortes de Estados Unidos, la mayoría de ellas en Florida, desde que se activó el Título III, según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba. No obstante, ninguna había prosperado judicialmente ni había derivado en un acuerdo como el informado ahora.
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Según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III de la Ley Helms-Burton, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Pero además, detalla, que hay otros muchos más reclamos “no certificados” que se podrían demandar.
Entre las 37 demandas actuales en curso, 12 son certificadas, como la de la familia Clafin, y 25 no lo son, y en total impactan a 15 países, en su mayoría europeos.
EFE / OnCuba
