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El primer centro de detención y deportación de inmigrantes de Florida, llamado Alcatraz Caimán, abrió oficialmente sus puertas en las profundidades de los Everglades, provocando la aprobación de los republicanos y la condena de los demócratas y los defensores del medio ambiente.
El centro abrió sus puertas el martes pasado con una visita presidencial y poco después comenzó a recibir detenidos.
Los demócratas del Senado, la Cámara de Representantes y la delegación del Congreso de Florida han expresado firmes objeciones, especialmente por preocupaciones ambientales y de derechos humanos.
“El Río de Hierba de Florida no es lugar para una prisión”, escribieron los legisladores en una carta conjunta, instando al gobernador Ron DeSantis a cerrar el centro. “Le instamos a que dé marcha atrás de inmediato, detenga la construcción y retire por completo la propuesta de establecer un centro de detención en el sitio de Dade-Collier”, declaró la congresista estadounidense Debbie Wasserman Schultz en la carta.
“Además, le solicitamos que se comprometa a un proceso de revisión ambiental transparente y con base científica para cualquier plan de desarrollo futuro que afecte a la región de los Everglades”.
Mientras tanto, aproximadamente a 640 kilómetros al norte, Florida se prepara para iniciar la construcción de un segundo centro en Camp Blanding, una base de la Guardia Nacional de Florida.
El director estatal de Gestión de Emergencias, Kevin Guthrie, afirmó que la construcción podría comenzar la semana posterior al fin de semana festivo. “Diría que, justo después de nuestro maravilloso Día de la Independencia, comenzaremos la construcción cerca de esas instalaciones”, dijo. “Allí también tienen otra gran pista de aterrizaje”.
Una vez finalizado, Camp Blanding podría albergar a 2 000 detenidos más, lo que elevaría la capacidad total de detención del estado a 5 000.
A pesar de las protestas y peticiones que circulan por todo el estado, el gobernador DeSantis y la Administración Trump se han mantenido firmes en su apoyo.
Según se informa, el estado está financiando más de 450 millones de dólares para la construcción de las instalaciones, pero DeSantis ha declarado que el Gobierno Federal podría, en última instancia, reembolsar esos costos.
