La ciudad de South Miami y una coalición de defensores de los inmigrantes demandaron el martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por una nueva ley que obliga a los policías locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
Los activistas que representan a trabajadores agrícolas, inmigrantes haitianos y solicitantes de asilo advirtieron que la nueva ley que prohíbe las políticas de “santuario” genera temor en un momento en que el presidente Donald Trump anuncia redadas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La demanda entablada por los abogados del Southern Poverty Law Center dice que la nueva ley atenta contra la confianza en las fuerzas del orden y conduce al encasillamiento racial. Dice que las personas de piel morena y negra serán objeto de acoso por parte de policías porque se les podría percibir como extranjeras.
Exigir la cooperación con ICE podría ser peligroso durante la temporada de huracanes cuando les piden a los residentes acatar las órdenes de desalojo de los gobierno locales, dijo el abogado de SPLC Mich González en conferencia de prensa.
En la ciudad de South Miami más de la mitad de la población es hispana o latina, la mayoría de origen cubano, según un cálculo del Censo de Estados Unidos.
“Para nosotros, esto tiene el objetivo de mantener las líneas de comunicación abiertas entre todas las comunidades y el departamento policial de South Miami”, dijo el comisionado de South Miami Robert Welsh. “Estamos preocupados”.
DeSantis promulgó la ley el mes pasado.
La demanda dice que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que invalida leyes estatales si entran en conflicto con las federales. También alega que la ley contraviene la cláusula del debido proceso de la 14ta Enmienda porque detiene a los inmigrantes pasada su fecha de liberación sin una orden judicial.
La querella afirma que la ley fue escrita por organizaciones antiinmigrantes, a los que SPLC incluye entre sus grupos de odio.
En la demanda se citan comentarios hechos en conferencias de prensa, incluido uno en donde una de las promotoras de la propuesta de ley, Amapola Hansberger, se paró junto a los legisladores estatales republicanos, el senador Joe Gruters y el representante Cord Byrd, y cuando habló sobre los inmigrantes que están sin autorización en el país, dijo: “los van a matar”. Hansberger, de origen nicaragüense, dirige una organización llamada Inmigrantes Legales para Estados Unidos, que el SPLC también describió como antimusulmán y antigay.
“La ley está enraizada en el odio porque está basada en propuestas que los grupos de odio antiinmigrantes reunieron para que los legisladores convirtieran su agenda supremacista blanca en ley estatal”, dijo González el martes en conferencia de prensa. “El estado de Florida no tiene incumbencia ni autoridad para obligar a los gobiernos y policías locales a hacer el trabajo del ICE”.
La oficina del gobernador no respondió de momento una petición de comentario.
La demanda también dice que el ICE podría aprehender erróneamente a ciudadanos estadounidenses. Un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida dice que en dos años, el ICE pidió que se detuvieran a 420 personas que después fueron identificadas como estadounidenses en los registros de prisiones del condado Miami-Dade.
La nueva ley prohíbe a los gobiernos municipales aplicar medidas que protejan de la deportación a los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. Obliga a los agentes de la ley a acatar las peticiones federales de detención de inmigrantes no autorizados que son arrestados o condenados por algún crimen. Exime de esto a víctimas y testigos.
Los adversarios de la ley dicen que provocaría la deportación de personas por infracciones menores como las de tránsito. La demanda sostiene que algunas víctimas de abuso doméstico, violación y tráfico de seres humanos no denunciarán delitos por temor a la deportación.
DeSantis tiene una relación estrecha con el presidente Donald Trump, quien ha convertido a la inmigración en un tema prioritario. Trump apoyó a DeSantis en las elecciones primarias republicanas e hizo campaña por él en la elección general. DeSantis presionó a la legislatura para que aprobara el proyecto. El senador republicano Joe Gruters, quien preside el Partido Republicano de Florida, auspició el proyecto y sostuvo que sólo se trataba de aplicar la ley.
