Rui Ferreira
El gobernador de Florida, Ron De Santis, pretende conceder impunidad a todo chofer que durante una manifestación “desordenada” quiera apartarse y arrolle a los participantes, matando o hiriendo a algunos.
Por otro lado, una ley estatal en ciernes propinaría sanciones muy duras contra los manifestantes que ejerzan la violencia contra las personas, policías principalmente, y contra las propiedades. El mínimo de la pena serían seis meses de cárcel, sin contar los agravantes. Una vez detenidos, no tendrían derecho a fianza.
El contenido del proyecto de ley aún no se ha revelado, pero se presentó el martes a la legislatura estatal, precisó el diario Orlando Sentinel.
Esta ley también prevé retirar fondos a los condados de Florida que decidan cortar los dineros a las fuerzas policiales o no respondan las manifestaciones violentas. Todo aquel que tenga antecedentes de participar en estas últimas será despedido al momento si trabaja en departamentos gubernamentales o no podrá acceder a un trabajo estatal municipal.
La ley incluiría en la definición de violencia la profanación de estatuas y monumentos. En Florida la mayoría están relacionados con la esclavitud y la Guerra de Secesión.
Con el nombre de Ley de protección contra la violencia, el desorden y el saqueo y la aplicación de la ley, el proyecto lo apoyan los líderes del Senado, Wilton Simpson, y de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls. Comenzará discutirse durante la próxima legislatura, en marzo entrante.
“Me parece muy bien la propuesta de ley. Hay que proteger la propiedad pública y de cada cual. Solo me preocupa liberar de culpas a quien se vea atrapado en una turba y provoque un accidente”, comentó a la prensa local James Williams, profesor de Ciencias Políticas en Florida State University.
“El gobernador quiere legalizar la violencia contra los manifestantes”, manifestó Andrea Mercado, directora ejecutiva de New Florida Majority, un grupo ciudadano proderechos civiles, a través de un comunicado.
La antigua fiscal del condado Miami-Dade, Melba Pearson, actual directora de políticas en el Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de Florida, cree que la ley “es completamente inconstitucional. Esto no puede ser aprobado, y si lo es, estará discutiéndose en los tribunales en un futuro previsible”.
