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El estado de Florida anunció recientemente que eliminaría la obligatoriedad de la vacunación infantil, incluyendo las vacunas propias de enfermedades como el sarampión, la polio, la hepatitis B y la varicela, entre otras.
Impulsada por el gobernador Ron DeSantis y su cirujano general Joseph Ladapo, la propuesta —dicen sus gestores— busca “priorizar la libertad médica” y el “consentimiento informado” sobre los requisitos estatales.
Apenas un día después de que el funcionario anunciara su plan para eliminar la exigencia de vacunas para niños de primaria y otros grupos, se anticipa una batalla campal que, sin dudas, va a llegar a las cortes.
La líder demócrata del Senado floridano, Lori Berman, afirmó que luchará para “proteger a nuestros hijos de estos intentos imprudentes de hacerles daño”.
“Los republicanos han pasado de albergar teorías conspirativas anticientíficas a respaldar plenamente una política de salud anticientífica”, declaró. “Como miembro del Comité de Política de Salud del Senado, haré todo lo posible para proteger a nuestros niños de estos intentos imprudentes de perjudicarlos”.
“Esto es un desastre de salud pública en ciernes para el estado del Sol”, declaró la representante demócrata Anna Eskamani. Además de proteger a las personas que se vacunan, la vacunación generalizada en una comunidad protege a los bebés demasiado pequeños para recibirlas, así como a las personas cuyas afecciones les impiden vacunarse”.
Pero no se trata de un problema partidario a secas. La Asociación Médica de Florida, que apoyó a DeSantis cuando se postuló por primera vez como gobernador (2018), rechazó el fin de la obligatoriedad de vacunas.
“La Asociación Médica de Florida apoya inequívocamente la vacunación e inmunización de los niños en edad escolar contra enfermedades que hace décadas pusieron en peligro la vida de nuestros niños”, declaró en un comunicado.
El resto era previsible. Se ha generado, como se esperaba, una fuerte reacción por parte de expertos en salud pública, educadores y médicos. Advierten que esa movida, de ser aprobada, podría provocar un aumento en la propagación de enfermedades prevenibles como sarampión, tos ferina y poliomielitis.
El secretario RFK Jr. en el Congreso
La noticia coincide, por un lado, con el despido de la Dra. Susan Monarez, hasta hace poco directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tras resistirse a apoyar directivas poco científicas, típicas de la Administración Trump y de su cara más visible, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.
El oficialismo lo anunció: “Susan Monarez ya no es directora de los CDC”. Y la Casa Blanca, a través de su vocero, Kush Desai, dio a conocer que “fue despedida por negarse a renunciar y no alinearse con la agenda del presidente Donald Trump y su Making America Healthy Again”.
Su despido provocó la salida de cinco altos funcionarios de los CDC, entre ellos Demetre Daskalakis, exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias. “El muro entre la ciencia y la ideología se ha derrumbado por completo”, afirmó el científico en This Week, de ABC News.
Pero no solo eso. Varias organizaciones de salud pública y más de mil empleados —actuales y anteriores— del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) han expresado públicamente su preocupación por la dirección de esa entidad gubernamental bajo Kennedy y por las decisiones que se han tomado recientemente, en el entendido de que podrían afectar la capacidad de respuesta a enfermedades infecciosas erradicadas casi por completo precisamente gracias a las vacunas.
Lo criticaron por despedir a Monarez, restringir drásticamente el acceso a las vacunas contra la COVID-19 y reemplazar a altos funcionarios de salud pública por “ideólogos políticos que se hacen pasar por expertos científicos”.
Por otro lado, lo de Florida también coincidió con una sesión del Comité de Finanzas del Senado con Kennedy Jr., caracterizada por intercambios de altos decibeles con senadores demócratas sobre las políticas de vacunación, así como por los efectos del despido de Monarez y su impacto en los CDC.
Lo que estuvo sobre la mesa fue la politización de las vacunas y las promesas del funcionario, hechas en la audiencia para su confirmación, en el sentido de no interferir en las decisiones científicas a partir de sus conocidos antecedentes antivacunas.
Fue por ello cuestionado por muchos legisladores demócratas. Pero, como en el caso de Florida, no fue un asunto enteramente partidario, toda vez que varios republicanos se sumaron a las críticas de los primeros. John Barasso, republicano por Wyoming, le dijo: “Secretario Kennedy, en sus audiencias de confirmación prometió mantener los más altos estándares de vacunas. Desde entonces, estoy profundamente preocupado”.
Y más adelante: “El público ha presenciado brotes de sarampión, el cuestionamiento del uso de vacunas de ARN mensajero [una vacuna de nueva generación que enseña a las células a producir una proteína para que el sistema inmunitario aprenda a reconocer y defenderse de un virus] por parte de líderes de los Institutos Nacionales de Salud”.
Para rematar, dijo que los estadounidenses “no saben en quién confiar” y que existía “una preocupación real de que vacunas seguras y probadas, como la del sarampión y la de la hepatitis B, pudieran estar en peligro”.
En el otro bando, el demócrata Raphael Warnock le espetó a quemarropa que era una “amenaza para el pueblo estadounidense”. RFK Jr. le preguntó: “¿Cómo puedo ser una amenaza?”. “Usted es un peligro para la salud del pueblo estadounidense”, le respondió. “Creo que debería renunciar”.
Pero no estuvo solo. El exrepresentante Joe Kennedy III, de Massachusetts, sobrino del secretario, calificó al tío de “amenaza para la salud y el bienestar de todos los estadounidenses” al haber optado por “ignorar la ciencia, engañar al público, marginar a los expertos y sembrar la confusión”.
Y continuó: “Ninguno de nosotros se librará del dolor que está infligiendo. No importa cuán rico o poderoso sea uno o en qué estado viva; la angustia de ver a un ser querido enfermar no conoce fronteras. Los desafíos que enfrentamos, desde brotes de enfermedades hasta crisis de salud mental, exigen claridad moral, experiencia científica y un liderazgo basado en los hechos. Esos valores no están presentes en la oficina del secretario. Debe renunciar”.
La hija de JFK, Caroline Kennedy, prima del secretario y exembajadora en Australia, lo había advertido desde el principio. La comunidad sanitaria del país, dijo en enero pasado, “con todas sus deficiencias”, merece “un secretario comprometido con el avance de la medicina de vanguardia para salvar vidas, sin rechazar los avances que ya hemos logrado. Se merece una persona estable, moral y ética al frente de esta agencia crucial. Se merece algo mejor que Bobby Kennedy. Nosotros también”.
