Redacción OnCuba
Quince destacados historiadores estadounidenses enviaron un texto amicus curiae a la Corte Suprema rechazando la afirmación de Donald Trump de que es inmune al procesamiento penal por actos punibles cometidos como presidente.
Las autoridades citadas en el documento incluyen a los fundadores Alexander Hamilton, James Madison y John Adams, además del propio trabajo de los historiadores.
Trump, dijeron, “afirma que se debe inferir una doctrina de inmunidad permanente de responsabilidad penal por los actos oficiales de un presidente, aunque no esté expresamente prevista por la Constitución. Para justificar esta afirmación radical, sostiene que el significado original de la Constitución así lo exige. Pero ningún caso histórico plausible respalda su afirmación”.
Trump enfrenta varios cargos federales por subversión electoral, derivados de su intento de revertir su derrota ante Biden en 2020, alimentados por sus mentiras sobre el fraude electoral, que culminaron con el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.
También enfrenta 10 cargos por subversión electoral en Georgia, 34 cargos por pagos de dinero por debajo de la cuerda en Nueva York, 40 cargos federales por retener información clasificada y multas multimillonarias en casos civiles por fraude fiscal y difamación, esta última derivada de una acusación de violación.
A pesar de este riesgo legal sin precedentes, Trump logró la nominación republicana para enfrentarse a Biden en noviembre y está tratando de retrasar todos los casos hasta después de las elecciones para poder desestimarlos si regresa al poder.
Su primer juicio penal, en el caso de dinero secreto en Nueva York, está previsto que comience el próximo lunes.
A pesar de la opinión legal e histórica generalizada de que el reclamo de inmunidad de Trump es infundado, la Corte Suprema de Estados Unidos, para la cual Trump nombró a tres jueces, considerará el reclamo.
Los alegatos orales están previstos para el 25 de abril. El tribunal recientemente desestimó los intentos, apoyados por destacados historiadores, de eliminar a Trump de las papeletas electorales en virtud de la Enmienmda 14 enmienda, aprobada después de la Guerra Civil para excluir a los insurrectos de sus cargos.
En una presentación el lunes pasado, el fiscal especial Jack Smith instó a los jueces a rechazar el reclamo de inmunidad de Trump y a considerarlo “un asalto sin precedentes a la estructura de nuestro Gobierno”.
Siete de los 15 historiadores que presentaron el texto amicus curiae son miembros del Consejo de Historiadores de la Constitución del Centro Brennan para la Justicia, un instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Holly Brewer, profesora de historia cultural e intelectual estadounidense en la Universidad de Maryland, dijo: “Al diseñar la presidencia, los fundadores no querían tener nada que ver con la inmunidad de procesamiento penal reclamada por los reyes ingleses”.
“Esa inmunidad estaba en el centro de lo que consideraban un sistema defectuoso. Tanto a nivel estatal como nacional, redactaron Constituciones que exigían que todos los líderes, incluidos los presidentes, rindieran cuentas ante las leyes del país. St George Tucker, uno de los jueces más destacados de la nueva nación, expuso claramente el principio: todos están igualmente sujetos a la ley, desde los mendigos de la calle hasta los presidentes”.
Otros firmantes fueron Jill Lepore, de la Universidad de Harvard, autora de These Truths. A History of the US; Alan Taylor, de la Universidad de Virginia, autor de libros entre los que figuran American Revolutions, sobre los años de la independencia; y Joanne Freeman, de Yale, autora de The Field of Blood, un influyente estudio sobre la violencia política antes de la Guerra Vivil.
Thomas Wolf, abogado y director de iniciativas democráticas en el Centro Brennan, calificó la afirmación de inmunidad de Trump de “profundamente antiestadounidense”. Y agregó: “Desde el nacimiento del país hasta la aceptación por parte del presidente Clinton de un acuerdo de culpabilidad en 2001 [ evitando la acusación por el asunto Monica Lewinsky], se ha entendido que los presidentes pueden ser procesados. La Corte Suprema no debe demorarse en dictar sentencia en este caso”.
