Alfredo PrietoEl abogado y exprofesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman John Charles Eastman, tiene una historia peculiar. Digamos que también fue fundador de Centro de Jurisprudencia Constitucional, un bufete de abogados afiliado al conservador Instituto Claremont. Y que en 1990 se postuló por los republicanos para el distrito 34 del Congreso de California y en 2010 para la oficina del fiscal general de ese estado, pero sin poder saborear la victoria. Hay un dato de cierta importancia en su currículo: haber sido asistente legal del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, el mismo que hoy es objeto de escrutinio por su relación con el millonario y donante republicano Harlan Crow, y por las prebendas y regalos recibidos.
Pero con esos créditos tal vez no hubiera entrado en la historia de no ser porque un día llamó la atención de una asesora de la campaña de Trump nombrada Jenna Ellis debido, básicamente, a sus peculiares interpretaciones sobre la Constitución a propósito de Kamala Harris.
En efecto, en agosto de 2020 la revista Newsweek publicó un artículo suyo en el que cuestionaba la elegibilidad de Harris como vicepresidenta, argumentando que no podía ser ciudadana estadounidense a pesar de haber nacido en Oakland, California, porque, según él, sus padres —ella de la India, él de Jamaica— no eran residentes permanentes en el momento en que la trajeron al mundo. Un reciclaje (a su manera) del llamado movimiento birthter contra Barack Obama, pero además —y sobre todo— una lógica en sintonía con los segmentos más conservadores de la clase política estadounidense, la misma que ha querido negar ciudadanía a los hijos de emigrantes indocumentados nacidos en el país, desgarrando la literalidad de la Sección 1 de la Enmienda 14 a la Constitución: All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside.
Cuentan que después de las elecciones presidenciales de 2020 Eastman se reunió con varios asesores de la campaña de Trump en un hotel de Filadelfia. Y que a fines de ese mismo año fue contratado como integrante de su equipo de abogados en un momento en que el derrotado candidato presidencial estaba buscando nuevas vías para anular los resultados de los comicios y quedarse viviendo durante cuatro años más en la Casa Blanca. Las demandas por fraude habían fracasado, como las presiones a funcionarios de varios estados, entre otras movidas. La mayoría fueron desestimadas sumariamente por carecer de sustancia.
Eastman entró entonces al ruedo para aportar el capital intelectual de dos ideas tan peculiares como las que había aplicado a Kamala Harris: la primera, que podían crearse “electores alternativos” para revertir los resultados; la segunda, que el vicepresidente Mike Pence tenía autoridad constitucional para anular los votos electorales en la ceremonia de certificación el 6 de enero de 2021 en el Capitolio del DC.
El abogado de Pence, Greg Jacob, no solo se negó tajantemente a hacer esto último, sino que además le advirtió a su colega que si trataba de bloquear la certificación de los votos electorales, Pence estaría en serios problemas. Y le rebatió la idea de que su empleador podría negarse a contar los votos electorales de “cualquier estado para el que se haya presentado una lista de electores alternativa, pero no certificada”.
Pero no solo fue decirlo. Eastman redactó el plan en un memorando que tuvo otra peculiaridad: haber caído en poder del Comité de la Cámara de Representantes que investigó los sucesos del asalto al Capitolio y ser entregado al Departamento de Justicia como parte de los documentos, conclusiones y recomendaciones.
“La causa central del 6 de enero —dijeron— fue un hombre, el expresidente Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Ninguno de los eventos del 6 de enero hubiera sucedido sin él”.
Por otra parte, las investigaciones de los fiscales Jack Smith en Washington DC y de Fanni Willis en Fulton, Georgia, deben producir dentro de poco sus acusaciones específicas contra Eastman; pero no hay que esperar hasta entonces para saber más o menos cuáles serán.
Aunque la atención de los medios ha solido focalizarse en los posibles enjuiciamientos a Trump y sus subrogantes en Washington y Georgia, varios colegios de abogados estatales han venido llevando a cabo sus propias investigaciones y, en algunos casos, con resultados más rápidos.
Por ejemplo, en medio de la presión de autoridades de Colorado, la aludida Jenna Ellis admitió haber tergiversado las pruebas sobre la integridad de las elecciones, y que fue censurada públicamente por diseminar diez mentiras, incluida la idea de que Trump había ganado las elecciones y por consiguiente se las habían robado.
La licencia de abogado de Rudy Giuliani le fue suspendida en diciembre pasado después de que el Colegio de Abogados del DC concluyera que, con su conducta bajo Trump, había violado tanto la ética como las reglas profesionales. Otros abogados del “equipo Trump” como Sidney Powel, Emily Newman y Scott Hagerstrom también han sido sancionados.
El caso de Eastman fue considerado por el Colegio de Abogados del estado de California, y en fecha tan reciente como el mes de julio nuestro hombre estaba luchando duramente a fin de no perder su licencia para ejercer.
Lo que está en juego es una condena por unos 11 cargos; entre los que se incluyen falta de apoyo a las leyes y la Constitución, intento de engañar a un tribunal, tergiversaciones a otros asistentes de Trump y al público, y bajeza moral.
Si el vicepresidente Pence hubiera seguido el consejo de Eastman, habría habido una “profunda crisis constitucional“, escribe Duncan Carling, de la oficina de abogados del mencionado Colegio de California. Y seguidamente: “Eastman y el plan de Trump violaron los compromisos fundamentales de nuestra nación con el Estado de derecho y la transición ordenada del poder. Y se basó en afirmaciones claramente falsas de fraude electoral que continúan dañando nuestra democracia hasta el día de hoy”.
El entonces asesor de Trump, Eric Herschmann, dijo a los investigadores que el día después del asalto de aquella turba al Capitolio, Eastman había planteado el tema de los votos en disputa en Georgia. Según su propio testimonio, el funcionario le dijo al conspirador: “No quiero escuchar ninguna otra cabrona palabra saliendo de su boca que no sea ‘transición ordenada’. Repita conmigo estas palabras”.
Finalmente, Eastman dijo: “transición ordenada”. “Bien, John —le respondió su interlocutor— le voy a dar el mejor consejo legal gratuito que ha recibido en su vida: consígase un gran abogado de defensa criminal. Lo va a necesitar“.
