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La jueza Indira Talwani, de una corte federal de Boston, bloqueó que la Administración Trump revoque el estatus legal temporal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos.
La jueza, que notificó este jueves su decisión, consideró que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de acortar la libertad condicional de dos años otorgada a los inmigrantes se basó en una interpretación incorrecta de la ley.
Designada por el presidente Barack Obama, Talwani dictaminó que la Administración quería exponer a unas 450 000 personas a la deportación acelerada a partir del 24 de abril a partir de una interpretación errónea del estatuto rector del proceso.
Jueza federal podría bloquear suspensión del parole humanitario
La magistrada dijo que la ley se centraba en las personas que cruzaban la frontera ilegalmente y proporcionaba un medio para expulsarlas de forma expedita, no en las personas a las que se les había concedido permiso para entrar a Estados Unidos mediante una libertad condicional.
“Lo que se está priorizando no son las personas que cruzan la frontera, sino las que cumplieron las normas”, afirmó Talwani, citada por medios estadounidenses.
Para la jueza, según CNN, “el punto central del problema aquí es que el secretario, al acortar el periodo del parole concedido a estos individuos, tiene que tener una decisión razonada”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que todos los beneficiarios del parole humanitario perderían su estatus legal el 24 de abril.
Los demandantes calificaron la acción del Gobierno de “sin precedentes” y afirmaron que resultaría en la pérdida de estatus legal de los inmigrantes y de su capacidad para trabajar.
También dijeron que la medida era “contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo”, que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al establecer normas.
Los abogados de la Administración Trump argumentaron que los demandantes carecían de legitimación activa y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional que afectaba a los inmigrantes en el programa, conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
Pero la jueza no estuvo de acuerdo e informó de su decisión de bloquear la medida gubernamental.
