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Una jueza federal se negó hoy martes a modificar su orden que exige al Gobierno de Trump el regreso de un solicitante de asilo venezolano de 20 años deportado a El Salvador, alegando garantías del debido proceso.
En una audiencia celebrada en Baltimore, la jueza federal Stephanie Gallagher, designada por Trump, rechazó la solicitud del Gobierno de modificar su fallo anterior, que ordenaba el regreso a territorio estadounidense de Daniel Lozano-Camargo, un venezolano de 20 años.
Pero también acordó pausar el fallo durante 48 horas, tiempo suficiente para que el Gobierno solicite al 4.º Circuito que acepte el caso. Si el tribunal se niega, Gallagher modificará su fallo para establecer un plazo formal para que el Gobierno devuelva al joven inmigrante a Estados Unidos
Esta decisión “logra el equilibrio adecuado entre otorgar al Gobierno la capacidad” de apelar ante el tribunal superior como considere oportuno y, al mismo tiempo, permitir a los demandantes buscar el debido proceso en los tribunales estadounidenses, afirmó Gallagher.
Lozano-Camargo, antes conocido como “Cristian” en los documentos judiciales, fue deportado a El Salvador en marzo, en la primera ola de deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de la Administración Trump.
Juez federal rechaza de nuevo deportaciones a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Gallagher dictaminó en abril que el Gobierno violó un acuerdo de 2024 entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un grupo de jóvenes solicitantes de asilo, entre ellos Lozano-Camargo.
En virtud de ese acuerdo, el DHS se comprometió a no deportar a los inmigrantes —quienes ingresaron a Estados Unidos como menores no acompañados— hasta que sus casos fueran examinados en los tribunales.
El mes pasado, Gallagher declaró que la deportación de Lozano-Camargo constituía un “incumplimiento de contrato”, ya que su caso de asilo aún no había sido escuchado, y ordenó al Gobierno facilitar su liberación.
Gallagher reiteró su decisión anterior. También enfatizó que no tiene nada que ver con la solidez de su solicitud de asilo, en referencia a dos aparentes delitos menores relacionados con drogas y una condena en enero. Más bien, dijo, se trata de permitirle el proceso conforme a la ley y al acuerdo alcanzado con el DHS. Ese acuerdo “requiere que esté aquí y tenga su audiencia”, dijo.
Señaló que su deportación sin fallo judicial en un tribunal estadounidense “prejuzga el resultado”, impidiendo que sus abogados impugnen el caso en los tribunales.
La Administración Trump informó al tribunal que había determinado que Lozano-Camargo cumplía los requisitos para ser deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, citando su arresto y condena anteriores por supuesta posesión de cocaína en Houston.
