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En 1798, en medio de una posible guerra con Francia, el Congreso de Estados Unidos adoptó las Leyes de Extranjería y Sedición, promovidas por el Partido Federalista, que como su nombre lo indica, defendía la idea de un gobierno central fuerte.
Eran cuatro leyes que, entre otras cosas, elevaban los requisitos de residencia de 5 a 14 años; autorizaban al presidente a meter en la cárcel y deportar extranjeros; y a suprimir periódicos que “imprimieran, emitieran o publicaran cualquier escrito falso, escandaloso y malicioso o contrario al gobierno”.
Esas leyes fueron un ataque directo a la Primera Enmienda a la Constitución, parte de la Carta de Derechos que había entrado en vigor el 15 de diciembre de 1791 en la joven república. En esa Primera Enmienda se establece que:
“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Los procesos judiciales implementados bajo las Leyes de Sedición y la represión de la disidencia desataron una ola de rechazo contra los federalistas de John Adams y Alexander Hamilton, contribuyendo a su derrota en las elecciones de 1800. Ese año Thomas Jefferson fue electo presidente de Estados Unidos.
El autor de la Declaración de Independencia había escrito en 1786: “Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no puede limitarse sin perderse. Y en 1787: “Siendo la opinión del pueblo la base de nuestros gobiernos, el primer objetivo debería ser preservar ese derecho; y si me tocara decidir si queremos un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría un instante en preferir esto último”.
La leyes expiraron entre 1801 y 1802. Los historiadores las consideran una pesadilla, uno de los ejemplos más gruesos acerca de la fragilidad de la democracia, incluso en situaciones excepcionales, pero a la vez de la fortaleza del experimento estadounidense a la hora de corregir las aberraciones del camino.
Enemigo del pueblo
Uno de los rasgos más ruidosos de la retórica populista de Donald Trump está en su relación con la prensa y los medios. No solo por ser portadores de las llamadas fake news, sino también por etiquetarlos como “el enemigo del pueblo”, frase sintomáticamente utilizada por dictadores y autócratas para deslegitimar a los partidos de oposición y los discrepantes.
Autores varios nos recuerdan que durante la Revolución Francesa, la expresión “ennemi du peuple” (enemigo del pueblo) se utilizaba para referirse a quienes discrepaban del orden de cosas en el Reinado del Terror, período en el que miles de personas, revolucionarias o no, fueron ejecutadas en la guillotina. Más tarde fue empleada por los nazis bajo la batuta de Goebbels, quien se refería a los judíos como “enemigos jurados del pueblo alemán”.
Y también por Stalin. Comenta un analista que la etiqueta “podía incluir a cualquier persona, desde el clero que no quería adoptar el ateísmo impuesto por el Estado hasta escritores y la oposición política. Y podía significar prisión inmediata o traslado a un campo de trabajo”.
Contrapesos y balances
En abril de 2023 la Heritage Foundation, un think tank de larga y consistente ejecutoria conservadora, produjo —junto a otros grupos de la ultra— el llamado Proyecto 2025, documento enfilado, de hecho, a servirle de plataforma a los nuevos mandarines republicanos en caso de ganar las elecciones de 2024.
Los ideólogos reunidos en este foro estuvieron entre los promotores más persistentes de la idea del llamado “ejecutivo hiperventilado”, que quiere echar a un lado el funcionamiento de los contrapesos y balances propios del experimento estadounidense al otorgarle poderes excepcionales al presidente, a todas luces una distorsión del federalismo.
Aunque el Proyecto 2025 no constituye la única fuente de la energía conceptual que se le estaba dando a la posible nueva administración republicana, contiene sin embargo propuestas que se hicieron realidad una vez llegada al poder, en algunos casos al pie de la letra: lanzar un programa de deportación masiva; purgar a funcionarios públicos y reemplazarlos por partidarios leales; reducir el papel de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); eliminar las iniciativas federales de diversidad, equidad e inclusión; y prohibir la presencia de personas transgénero en el ejército, entre otras.
También es una de las bases de ciertas posiciones ante los medios. Una de ellas, la molestia perenne ante la labor de la prensa y los periodistas como watchdogs, es decir, vigilar las políticas y actividades del Gobierno y pedirle cuentas. En su capítulo 8, “Agencias de medios”, se postula, básicamente, que las fuentes de noticias públicas se sometan al control gubernamental, con lo cual pierden su condición independiente, aun estando financiadas por el Gobierno.
Asimismo, se pronuncian por desfinanciar la radiodifusión pública, en este caso, a las estaciones de la Public Broadcasting System (PBS) y la National Public Radio (NPR) en todo el país. Muchas han llegado a comunidades marginadas. Lograrlo ha sido uno de los sueños de este sector de la clase política, tan o más agresivo que los que generaron los constructos políticos de la Administración Reagan en los años 80.
“Los periodistas y las organizaciones de medios deben prepararse para la posibilidad de trabajar en un entorno considerablemente más adverso, en el que sus derechos y su reputación se vean constantemente atacados”, advertía desde temprano un texto crítico. Y continuaba: “Los medios de comunicación, a pesar de todos sus defectos, han seguido siendo un baluarte contra los abusos de poder y un motor para la rendición de cuentas”.
Para concluir: “Con el Proyecto 2025, un presidente con tendencias antimedios podría fusionar la agenda política conservadora con el fortalecimiento del poder ejecutivo, lo que generaría una amenaza para la libertad de prensa y la Primera Enmienda”.
El autor de ese capítulo 8 es nada menos que Brendan Carr, el actual director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la entidad del Gobierno que regula el acceso a internet, las redes de comunicación, la televisión y la radio.
Qué discurso nos gusta y cuál no
Ese entorno más adverso prefigurado por el crítico antes aludido fue coronado hace apenas una semana con el anuncio de la “suspensión indefinida” del programa de Jimmy Kimmel. Carr advirtió que la FCC podría tomar medidas contra ABC y su empresa matriz, Disney, por los comentarios que el presentador hizo en su programa nocturno a propósito del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
“Este es un problema muy, muy grave en este momento para Disney. Podemos resolverlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas, francamente, contra Kimmel o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, dijo el funcionario sugiriendo luego que las filiales de ABC podrían enfrentar multas o la revocación de sus licencias si continuaban transmitiendo ese programa.
El hecho causó un terremoto político en un medio con demasiadas marcas traumáticas. La Primera Enmienda, no otra cosa, era lo que estaba en el centro. Hasta el senador Ted Cruz calificó las declaraciones del funcionario de “peligrosas”.
“Creo que es increíblemente peligroso que el Gobierno se ponga en la posición de decir que vamos a decidir qué discurso nos gusta y cuál no, y que vamos a amenazar con sacarte del aire si no nos gusta lo que dices”, declaró.
“Odio lo que dijo Jimmy Kimmel”, dijo, pero comparó los comentarios de Carr con las conductas de los mafiosos. “Parece sacado de un mafioso que entra en un bar y dice: ‘Qué buen bar tienes aquí, sería una pena que le pasara algo’”, dijo. Añadió, sin embargo: “me gusta Brendan Carr. Es una buena persona, es el presidente de la FCC. Trabajo estrechamente con él, pero lo que dijo es extremadamente peligroso. Puede que ahora mismo se sienta bien amenazar a Jimmy Kimmel, sí, pero cuando se use para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, lo lamentaremos”.
Un problema para la libertad de expresión
Celebridades, actores y figuras del mundo cultural hicieron lo mismo. La ACLU publicó una carta con la firmas de más de 400 personalidades —entre ellas Tom Hanks y Meryl Streep— protestando contra la suspensión de Kimmel, considerándola un problema para la libertad de expresión en Estados Unidos.
ABC suspende programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk
Y entre las numerosas protestas a cielo abierto sobresalió la que hubo frente a los estudios Walt Disney en Burbank, California. “Este es un momento crucial para nuestra democracia, y todos debemos defender los principios de la libertad de expresión”, declaró Seth Meyers, el comediante de la NBC. “Hay una razón por la que la libertad de expresión está en la Primera Enmienda. Está por encima de todas las demás”.
Por último, pero no menos importante, hubo llamados en la web para cancelar suscripciones a los servicios de streaming de Disney. A fines de junio la compañía reportó tener 183 millones de suscriptores a Disney+ y Hulu a nivel mundial.
Kimmel: Trump “hizo todo lo posible por cancelarme”
Todo esto, y más, subió como la espuma. El lunes 22 de septiembre, en medio de noticias filtradas sobre negociaciones en curso, sobrevino lo esperable: el anuncio de la restitución del programa de Kimmel. “El miércoles pasado decidimos suspender la producción de la serie para evitar agravar aún más la situación en un momento tan delicado para nuestro país”, declaró la compañía en un comunicado.
“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y decidimos restarurar la serie el martes”.
Programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes en EEUU tras una semana de suspensión
“Disney ABC se dejó llevar por la turba progresista y decidió traer de vuelta a Jimmy Kimmel”, publicó la cuenta MAGA Voice en la plataforma de redes sociales X. “¡Poder para el pueblo!”, escribió el cineasta Steven DeKnight en la misma plataforma.
Por su parte, en la primera emisión de su show, Kimmel dijo: “Ustedes entienden que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que tenga nada de gracioso”. Y que su programa “no es importante”.
“Lo importante”, enfatizó, “es que podemos vivir en un país que nos permite tener un programa como este”. Y sobre Trump: “Hizo todo lo posible por cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa”.
En efecto, triplicó su audiencia: 6,3 millones de espectadores lo vieron en directo. Hacia la 1 a.m. su monólogo inicial tuvo 11,8 millones de views en YouTube y 5,2 millones en Instagram.