|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hace poco más de tres semanas, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social dirigido específicamente a “Pam”. Se refería a Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos.
La instaba a actuar con mayor rapidez en el procesamiento de sus enemigos. “¿Qué hay de Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Letitia?, le preguntaba.
“Fueron despiadados y crueles. Me enjuiciaron dos veces. Me imputaron cinco veces. Resultó ser un acuerdo fraudulento, y tenemos que actuar con rapidez, de una forma u otra. Son todos culpables como el infierno”.
De acuerdo con The Wall Street Journal, ese mensaje nunca tuvo la intención de llegar a los millones de seguidores de Trump, ni que lo leyera todo el mundo. Se suponía que era solo para “Pam”.
El diario aseguró: “Trump se sorprendió al enterarse de que en realidad había publicado el mensaje en su cuenta Truth Social”. Y que al darse cuenta, “el presidente reaccionó diciendo ‘Oh’, y luego trató de ignorarlo”.
Pero las flechas fueron lanzadas y han impactado, hasta ahora, a dos de las tres personas mencionadas en ese texto:
James Comey
El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado a fines de septiembre de un cargo por falsas declaraciones y obstrucción a la justicia a raíz del testimonio que prestó ante el Congreso en 2020.
Comey se declaró inocente. Su abogado dijo que actuarían con rapidez para intentar desestimar el caso, argumentando que se trataba de un proceso “vengativo y selectivo”.
Letitia James
Letitia James, la fiscal general de Nueva York, a quien le imputan un cargo de fraude bancario, niega haber actuado mal. En un comunicado calificó su procesamiento de “una desesperada instrumentalización de nuestro sistema judicial por parte del presidente”.
Como se recordará, James interpuso una demanda civil por fraude contra la Organización Trump, un litigio que inicialmente ganó y resultó en una multa de 500 millones de dólares, recientemente anulada, sin embargo, por un tribunal de apelaciones.
Gran Jurado Federal acusa a la fiscal general de Nueva York de fraude hipotecario
Sintomáticamente, ambos casos han sido asignados al Distrito Este de Virginia, más conocido en el gremio como el “expediente del cohete” (rocket docket) por su rápida tramitación y por gestionar casos de seguridad nacional y terrorismo debido a su proximidad a Washington DC.
Según ABC News, atiende a más de 6 millones de personas y tiene un equipo de 300 fiscales.
Quienes buscan llevar a Comey y James al banquillo deben sortear varios problemas legales antes de conseguirlo. Uno de ellos es el de la fiscal interina designada por Trump, y sus subrogantes del Departamento de Justicia cuya legitimidad se cuestiona, precisamente por el origen de su designación.
“No renunció, lo despedí”
A finales de septiembre se anunció que Lindsey Halligan reemplazaría a Erik Siebert como fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia. Según The New Yorker, Siebert se había negado a presentar cargos penales contra Letitia James y James Comey.
El 19 de septiembre, Trump pronunció un discurso en el Despacho Oval pidiendo la destitución de Siebert. Horas después, dimitió. El presidente rechazó esa afirmación: “No renunció, lo despedí”, dijo. De acuerdo con Associated Press, se le ordenó dimitir o ser despedido.
Luego se conoció que antes del nombramiento de Halligan y la renuncia de Siebert, la fiscal principal del Departamento de Justicia, Maggie Cleary, también había sido sustituida.
A Cleary la habían nombrado fiscal interina mediante una comunicación interna del Departamento de Justicia. La letrada dijo entonces que el nombramiento había sido “inesperado”. Y agradeció el servicio de Siebert.
Sin embargo, duró muy poco. No mucho después se reportó que había sido removida de ese puesto. Varios medios informaron que se debió a que habría respaldado a fiscales de carrera opuestos a presentar cargos “políticamente cargados”.
Maggie Cleary se convirtió así en la última empleada del Departamento de Justicia en dejar su cargo después de que Lindsey Halligan fuera nombrada fiscal federal, a pesar de tener cero experiencia en esos menesteres.
Pero aquí hay más tela por donde cortar. Según un reportaje de la revista Fortune, Halligan conoció a Trump en noviembre de 2021 en su campo de golf de West Palm Beach. Y este enseguida la puso a trabajar en su equipo legal en medio de la investigación del FBI sobre el manejo de documentos clasificados llevados ilegalmente a su mansión de Mar-a-Lago.
A pesar de un debut no muy exitoso como abogada de Trump, Haley no dejó de formar parte del círculo. Su jefe la mandó a representarlo en varios litigios, incluyendo una demanda por difamación contra CNN finalmente desestimada. Entretanto, la abogada de 36 años, exmodelo y concursante en los torneos de belleza de Colorado (2009-2010), se convertía en una habitual defensora de Trump en medios conservadores como Fox News.
Con la victoria electoral de 2024, Halligan pasó a trabajar en la Casa Blanca como secretaria adjunta principal del personal y asistente especial del presidente. En marzo de 2025, Trump le asignó ponerse al frente de una iniciativa para eliminar la “ideología inapropiada” de los museos del Instituto Smithsoniano y otras entidades culturales como parte de la cruzada antiwoke.
Abogados personales
Este nombramiento de ahora en Virginia no es sino más agua para el mismo molino. Forma parte de un patrón consistente en ubicar a exabogados personales del presidente en puestos clave del Departamento de Justicia, entre ellos el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y la fiscal federal interina de New Jersey, Alina Habba.
“Esta decisión indica una división cada vez más profunda entre Halligan, quien lidera la poderosa oficina, y su plantilla de fiscales experimentados”, razonó CNN.
Y también publicó lo siguiente: “Otra fuente familiarizada con la dinámica de la oficina declaró a CNN que Halligan estaba interesada en desvincular a los fiscales que, según ella, podrían oponerse a su trabajo en casos altamente politizados”.
Según la ley federal, Lindsey Halligan puede ejercer como fiscal federal interina solo en un plazo de 120 días, a menos que los jueces federales lo prorroguen o el Senado lo confirme. Eso explica la premura y el hecho de mandar ambos casos —de Comey y James— al Distrito Este de Virginia.
Los abogados de Comey están cuestionando la legitimidad de la fiscal federal interina por su probada lealtad a Trump. “Nuestra opinión es que este proceso se inició por orden del presidente Trump”, sostienen.
Opera a su favor el hecho de que tres fiscalías distintas, incluida la del Distrito Este de Virginia —esa a la que Halligan ahora pertenece—, manejaron antes que las pruebas contra Comey eran insuficientes para establecer la causa probable.
El exdirector del FBI, James Comey, reacciona ante acusaciones de un Gran Jurado
Estas revelaciones, junto a todo lo que ha dicho públicamente el presidente sobre Comey, sus instrucciones a la fiscal general Pam Bondi y el nombramiento de Halligan (por las razones vistas), podrían favorecer la moción de la defensa de desestimar el caso por “persecución selectiva o vengativa”.
Pero los tambores siguen sonando. El mes pasado, el FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional bajo Trump I, crítico del presidente y uno de sus adversarios políticos investigados por el Departamento de Justicia.
Durante su campaña, Trump declaró que si lo elegían presidente estaría demasiado ocupado como para ir detrás de sus enemigos. Pero la hora del castigo y la venganza podría haber llegado.
John Bolton dice que Trump no se preocupa por las consecuencias políticas de sus decisiones
